La inteligencia artificial se asocia al desarrollo de programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las de la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. La utilización de robots que funcionen mediante inteligencia artificial —se afirma— va a suponer una revolución económica y social, cuyo alcance resulta difícil de prever en estos momentos, pero que sin duda será relevante, en la medida en que estos robots puedan sustituir, total o parcialmente, a la inteligencia humana.

Desde principios de los años 1990 algunos de los países de la OCDE empezaron procesos de descentralización de algunas de las responsabilidades de los gobiernos centrales. Hay varios argumentos que aconsejan la descentralización de algunas de las políticas en términos de eficiencia como, por ejemplo, el hecho de que los gobiernos locales pueden ser más conocedores de las necesidades de los ciudadanos de su región; la descentralización también puede facilitar la participación y supervisión ciudadana, etc. Una de las competencias estatales que se incluyó en los procesos de descentralización fue la sanidad pública.

Conocer el nivel y tipología del fraude fiscal es condición necesaria para mitigar su impacto sobre las finanzas públicas. En este sentido, este informe presenta una completa panorámica sobre un aspecto concreto del mismo: el papel que juegan los denominados “paraísos fiscales”. Las tres contribuciones de las cuales consta el presente informe demuestran los extraordinarios esfuerzos que, en la actualidad, se están llevando a cabo para estimar el impacto que tienen los paraísos fiscales en las estrategias de evasión y de elusión fiscal tanto de empresas (multinacionales) como de individuos.

De acuerdo con los datos económicos y fiscales más recientes (FMI y CE, 2018), las economías desarrolladas se caracterizan por un elevado endeudamiento, superior al 100% del PIB en su conjunto; de hecho, en más de un tercio de estos países, esta deuda supera el 85% del PIB (2017), y esto es el triple de países que en el año 2000.
Además, a pesar de la actual recuperación económica y una importante corrección de los déficits presupuestarios
estructurales, a medio plazo se prevé una lenta reducción (5 puntos porcentuales hasta 2023, según el FMI (2018)),
por lo que su sostenibilidad corre un riesgo importante. Por otro lado, en este escenario de restricción, las economías desarrolladas deben empezar a afrontar las consecuencias derivadas del envejecimiento poblacional (pensiones, servicios sociosanitarios, entre otros) y los cambios sociales que reclaman más transparencia en la actuación pública de los que gestionan los recursos de los ciudadanos.

En las grandes ciudades se exacerba el debate sobre los efectos negativos de los no residentes (turistas o compradores de inmuebles) en el bienestar de los que viven y trabajan de forma permanente en esos espacios. Se pueden identificar tres grandes tipos de efectos.

Las infraestructuras de transporte, siempre que estén adecuadamente planificadas, tienen un impacto positivo en el
crecimiento económico de una región. Bajo este supuesto, en las últimas décadas la inversión en proyectos de
transporte ha sido una política prioritaria en la agenda de muchos gobiernos. No obstante, a pesar del elevado volumen de recursos destinado a la construcción y mantenimiento de infraestructuras -los países desarrollados destinan entre un 3 y un 5% del PIB a infraestructuras de transporte-, no siempre se ha prestado atención suficiente a cuáles deben ser los principios que guíen la financiación de las mismas.