El impuesto sobre el patrimonio es seguramente uno de los impuestos que mayor debate genera en el ámbito público, a pesar de su escasa capacidad recaudatoria: en los dos únicos países de la Unión Europea que lo aplican en la actualidad, España y Francia, representa solamente un 0,3 y un 0,5% del total de ingresos tributarios, respectivamente. El impuesto quiere gravar el valor de todos los bienes que integran el patrimonio de una persona, por encima de un valor mínimo declarado exento. La creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, que desde los años ochenta se ha duplicado con respecto a la renta (Piketty y Zucman, 2014), y los efectos aún perceptibles de la Gran Recesión han provocado que la cuestión de la desigualdad se sitúe en un lugar destacado del debate público, y el impuesto sobre el patrimonio sea visto por muchos como un instrumento necesario para hacer frente a esta excesiva desigualdad.

Ya hace tiempo que los temas relacionados con la seguridad ciudadana, en muchas de sus materializaciones, forman parte de nuestro día a día. La inseguridad puede adoptar muchas formas. La tenemos también presente en la persistente lacra de la violencia de género, con cifras cronificadas y resistentes a toda medida; también en el ya «típico» acto del carterista que muchos turistas se llevan de recuerdo de nuestras ciudades o en las molestias que sufren los vecinos cuando los propios turistas que han consumido en exceso sustancias varias deciden perturbar la tranquilidad. Con la difusión a través de los medios de comunicación y la amplificación en las redes sociales de este tipo de hechos, en una medida u otra, la seguridad forma parte de las principales preocupaciones de nuestra sociedad y es claramente uno de los retos que hay que afrontar de forma decidida y comprehensiva en los próximos años.

El papel de la escuela y el profesorado en la adquisición de conocimientos y competencias de los estudiantes es objeto permanente de estudio en Economía de la Educación. En cuanto al profesorado, el análisis se centra, fundamentalmente, en tres elementos. El primero es cuantitativo, es decir, conocer si el número de alumnos por profesor es relevante en el aprendizaje cognitivo del alumnado. Los otros dos factores son cualitativos: por un lado, determinar si tener un “mejor” o “peor” profesor incide en la adquisición de competencias de sus alumnos; por otro lado, averiguar qué factores, precisamente, inciden en la calidad del profesorado.

La evolución del estado de las autonomías ha estado fuertemente marcada, desde el primer momento, por la problemática de la financiación de las comunidades autónomas (CC. AA.). En cierto modo, es lógico que así sea. Al fin y al cabo, todo sistema en el que el poder político está compartido por un gobierno central y unos gobiernos de ámbito intermedio, genera de forma inevitable dos tipos de tensiones. Por un lado, entre el gobierno central y el conjunto de los gobiernos autonómicos por la distribución de este poder político en todas sus manifestaciones financieras.

En los últimos años, han visto la luz numerosos libros y artículos sobre desigualdad (entre ellos los firmados por Atkinson, Milanovic, Piketty o Stiglitz). Esta mayor presencia en el debate académico se corresponde con una también creciente atención en el ámbito público, de la cual son muestra, por ejemplo, las recientes campañas lanzadas por Oxfam Intermon, que han tenido considerable resonancia1.
La desigualdad puede considerarse una de las ”asignaturas pendientes” de la Economía. En perspectiva histórica, la humanidad ha experimentado grandes avances en los niveles de vida materiales, pero el progreso económico ha venido acompañado de grandes disparidades en el bienestar de unos y otros (Deaton, 2013).

Las pensiones públicas representan un 12% del PIB de España y casi un 30% del gasto público. Uno de cada cuatro españoles cobra una pensión pública. Dada su importancia es lógico que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones está continuamente presente en el debate político y económico de nuestro país. En 2011 y 2013 se aprobaron sendas importantes reformas con el objetivo de abordar los efectos que el envejecimiento de la población ocasiona en la sostenibilidad del sistema. En 2011 se aumentaron gradualmente la edad de jubilación, hasta llegar a los 67 años, y el número mínimo de años cotizados para percibir el 100% de la prestación. En 2013, por su parte, se introdujo un índice de revaloración de las pensiones que establece un incremento mínimo del 0,25% si los ingresos no son suficientes para financiar los gastos, y del IPC + 0,25% cuando sí lo sean.