El sistema de financiación local en España diferencia poco entre los municipios en función de su volumen de población. No obstante, la problemática financiera de los pequeños municipios en áreas rurales difiere mucho de la de las grandes ciudades o de los municipios situados en áreas metropolitanas. El objetivo de este IEB Report es, pues, proponer cuál debería ser el sistema de financiación más adecuado para los municipios rurales, las grandes ciudades y las áreas metropolitanas.

Las estructuras federales de gobierno, bien diseñadas, consiguen compatibilizar la provisión centralizada de bienes
públicos puros (Federalist Papers, No. 30) con mejoras en la eficiencia asignativa a través de la provisión descentralizada del resto de bienes públicos (Oates, 1972). En España, el mejor ejemplo reciente de la provisión de bienes públicos puros – incluyendo la colaboración con un nivel supranacional de gobierno, como es la UE – ha sido la gestión de la COVID-19 (provisión de vacunas o concesión de ayudas financieras a los sectores económicos más afectados), mientras que, en el segundo caso, Espasa et al. (2017) demostraron que la satisfacción de la población mejoró a raíz de la descentralización de las políticas relacionadas con el Estado del Bienestar.

Aunque inicialmente la teoría económica y la investigación empírica subrayaban los posibles efectos del salario mínimo legal vigente sobre la destrucción de empleo, existe una creciente evidencia empírica –basada en metodologías más eficientes y mejores bases de datos– que ha mejorado nuestra comprensión de las políticas de salario mínimo y ha reformulado, en parte, esta perspectiva (Dube y Lindner, 2024).

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema mayúsculo. Según datos de los últimos barómetros del CIS y del CEO, el acceso a la vivienda figura entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía en nuestro país. Estas preocupaciones tienen bases objetivas. Según datos de la OCDE, en España el gasto en vivienda como porcentaje del total del gasto de los hogares creció 8 puntos porcentuales entre 1995 y 2022.

La participación de las mujeres en el mercado laboral ha convergido con la de los hombres en numerosas economías con un alto nivel de ingresos en las últimas décadas. Por ejemplo, en la zona euro (según datos de mercado de trabajo de Eurostat), el porcentaje de mujeres empleadas en la población de 20 a 64 años pasó del 54,9% en el año 2000 al 67,2% en 2019, un incremento de 12,3 puntos porcentuales. Durante el mismo período, la misma estadística se mantuvo bastante estable para el caso de los hombres, con un ligero aumento de solo 2 puntos porcentuales. Los datos sobre brechas de género de la OCDE también revelan una reducción de la brecha salarial (expresada como porcentaje de los ingresos medios de los hombres) en los países de la OCDE, del 18,1% en el año 2000, al 12,6% en 2019. Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las ocupaciones de mayor nivel profesional y mejor pagadas, y sobrerrepresentadas en los trabajos a tiempo parcial y más inseguros.

En un mundo globalizado, la competitividad empresarial resulta especialmente relevante y, en ella, los impuestos pueden jugar un papel importante. ¿Cuándo se puede considerar un sistema fiscal competitivo? Una respuesta fácil e inmediata guarda relación con el nivel impositivo. Así, una presión fiscal baja, en comparación con la de otros países, garantizaría un sistema fiscal competitivo. Sin embargo, el tema es algo más complejo. En primer lugar, porque el desarrollo económico también requiere unos servicios públicos y unas infraestructuras de calidad que, sin financiación, difícilmente se pueden prestar. En segundo lugar, porque también es importante la estructura impositiva, eso es, el peso de los diferentes impuestos, así como la configuración específica de cada uno de ellos, en que el tipo impositivo nominal es un elemento importante. Este factor, junto con otros aspectos legales, acaba determinando el tipo impositivo efectivo, el cual puede condicionar el establecimiento de empresas o la atracción de inversión extranjera directa. Y, en tercer lugar, porque a la presión fiscal directa hay que añadir los costes de cumplimiento1, relacionados en parte con cuántos niveles de gobierno tienen capacidad normativa.