La movilidad, esto es, la capacidad de las bases de cambiar la localización a efectos fiscales (Slemrod, 2010), es un reto para los sistemas fiscales actuales. Tiene que ver tanto con la movilidad artificial o real de (los beneficios de) las empresas, en parte facilitada por la digitalización, como con la movilidad del factor trabajo. El IEB Report 3/2021 trató sobre el primer tipo de movilidad, mientras que este aborda el segundo. Para ello, contamos con tres contribuciones complementarias, sobre todo por el ámbito geográfico que adopta cada una de ellas.

Si leemos la prensa y los comentarios deportivos, creeremos que los grandes eventos del deporte son siempre una gran idea para las ciudades y para los países organizadores, que cambiar al entrenador cuando los resultados van mal es una necesidad obvia o que el equipo que chuta primero en la tanda de penaltis lo tiene hecho.

La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas supone la emisión a la atmósfera de gases que actúan de manera similar al cristal de un invernadero, al retener el calor
del Sol e impedir que escape al espacio, incrementando con ello la temperatura de la Tierra. Este calentamiento global está provocando un cambio en el clima que constituye una grave amenaza, por las negativas consecuencias naturales, sociales y territoriales que puede generar.

En 2013, se editó un IEB Report sobre reforma fiscal que llevaba por subtítulo “El garaje se ha quedado pequeño y hay que reorganizarlo”, a partir de una analogía de Lawrence Summers sobre la evolución de un sistema fiscal. Casi diez años después, se vuelve a plantear esta necesidad. Durante este tiempo, se han publicado dos informes de reforma de nuestro sistema fiscal: el denominado Informe Lagares (2014) y ahora el Libro blanco sobre la reforma tributaria (LB) (2022), que casi dobla en extensión al primero. Los graves problemas medioambientales y la crisis energética, la digitalización de la economía o la mayor importancia que han adquirido las desigualdades de renta y de riqueza, entre otros motivos, justifican esa mayor extensión, aparte del diagnóstico cuantitativo que hace el LB (2022) sobre nuestras finanzas públicas.

La irrupción de la pandemia de la COVID-19 ocasionó un descalabro sanitario y económico en la mayoría de los países del mundo. La rapidez en la transmisión del virus, la incapacidad de muchos sistemas sanitarios de absorber toda la demanda de servicios y las medidas de restricción de la actividad económica y de la movilidad social evidenciaron la escasa preparación de los gobiernos de todo el mundo para gestionar una crisis de tal magnitud.

La congestión, la contaminación ambiental y los accidentes son algunas de las derivadas sobre las que es preciso tomar medidas para reducir sus efectos negativos. En ello se centra este documento del IEB en el que han participado los profesores Antonio Russo, de Loughborough University (Reino Unido), y Jos van Ommeren de VU Amsterdam (Países Bajos); Maria Borjesson de Linköping University (Suecia); y Daniel Albalate y Xavier Fageda de la Universitat de Barcelona (España).