La participación de las mujeres en el mercado laboral ha convergido con la de los hombres en numerosas economías con un alto nivel de ingresos en las últimas décadas. Por ejemplo, en la zona euro (según datos de mercado de trabajo de Eurostat), el porcentaje de mujeres empleadas en la población de 20 a 64 años pasó del 54,9% en el año 2000 al 67,2% en 2019, un incremento de 12,3 puntos porcentuales. Durante el mismo período, la misma estadística se mantuvo bastante estable para el caso de los hombres, con un ligero aumento de solo 2 puntos porcentuales. Los datos sobre brechas de género de la OCDE también revelan una reducción de la brecha salarial (expresada como porcentaje de los ingresos medios de los hombres) en los países de la OCDE, del 18,1% en el año 2000, al 12,6% en 2019. Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las ocupaciones de mayor nivel profesional y mejor pagadas, y sobrerrepresentadas en los trabajos a tiempo parcial y más inseguros.

En un mundo globalizado, la competitividad empresarial resulta especialmente relevante y, en ella, los impuestos pueden jugar un papel importante. ¿Cuándo se puede considerar un sistema fiscal competitivo? Una respuesta fácil e inmediata guarda relación con el nivel impositivo. Así, una presión fiscal baja, en comparación con la de otros países, garantizaría un sistema fiscal competitivo. Sin embargo, el tema es algo más complejo. En primer lugar, porque el desarrollo económico también requiere unos servicios públicos y unas infraestructuras de calidad que, sin financiación, difícilmente se pueden prestar. En segundo lugar, porque también es importante la estructura impositiva, eso es, el peso de los diferentes impuestos, así como la configuración específica de cada uno de ellos, en que el tipo impositivo nominal es un elemento importante. Este factor, junto con otros aspectos legales, acaba determinando el tipo impositivo efectivo, el cual puede condicionar el establecimiento de empresas o la atracción de inversión extranjera directa. Y, en tercer lugar, porque a la presión fiscal directa hay que añadir los costes de cumplimiento1, relacionados en parte con cuántos niveles de gobierno tienen capacidad normativa.

La sequía es un periodo extenso de tiempo en el cual un territorio sufre una deficiencia en el suministro de agua. Normalmente, la causa principal es la escasez continua de precipitaciones pluviales (sequía meteorológica), que puede comportar, de forma diferida en el tiempo, una insuficiencia de los recursos hídricos (sequía hidrológica) necesarios para cubrir la demanda existente. El “volumen almacenado en los embalses superficiales” o las “aportaciones fluviales a las estaciones de aforo” son algunos de los indicadores más explícitos que recogen el estado hidrológico a través de los diferentes puntos de control establecidos a lo largo del territorio.

Las economías de mercado vienen acompañadas inevitablemente de desigualdades económicas. Sin embargo, la desigualdad económica de hoy no depende totalmente de la generación actual, sino también de la desigualdad económica preexistente. La desigualdad persiste a lo largo de las generaciones y supone un desafío para nuestras sociedades. Primero, por razones de equidad: la familia en que nacemos es una lotería y, por tanto, nuestras condiciones iniciales, que condicionan nuestros resultados en la vida, escapan a nuestro control. Segundo, por razones de eficiencia: unas condiciones iniciales adversas pueden impedir que cada uno de nosotros contribuya a la sociedad conforme a su potencial y alcanzar altas cotas de bienestar. Una cuestión esencial, en consecuencia, es cómo recompensar los méritos de la generación actual, que se traducen en un mayor bienestar social, sin permitir que condicione el desarrollo de las próximas generaciones.

Según el Pacto Verde Europeo, lograr una economía europea descarbonizada, próspera, justa e inclusiva para el año 2050 implica resolver urgentemente una compleja ecuación que engloba no solo los retos económicos y ambientales, sino también los aspectos sociales. Ello origina una fuerte apuesta para garantizar el acceso a una energía limpia, asequible y segura para todos los europeos. No obstante, no podemos olvidar que millones de hogares europeos no pueden permitirse servicios energéticos esenciales para garantizar un nivel de vida saludable. De hecho, en 2022, el 9,3% de la población europea señalaba que tenía problemas para mantener su hogar a una temperatura adecuada, cifra que se ha incrementado un 35% con respecto al año anterior. Por tanto, hay que adoptar una serie de medidas para revertir esta situación.

La movilidad, esto es, la capacidad de las bases de cambiar la localización a efectos fiscales (Slemrod, 2010), es un reto para los sistemas fiscales actuales. Tiene que ver tanto con la movilidad artificial o real de (los beneficios de) las empresas, en parte facilitada por la digitalización, como con la movilidad del factor trabajo. El IEB Report 3/2021 trató sobre el primer tipo de movilidad, mientras que este aborda el segundo. Para ello, contamos con tres contribuciones complementarias, sobre todo por el ámbito geográfico que adopta cada una de ellas.