La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas supone la emisión a la atmósfera de gases que actúan de manera similar al cristal de un invernadero, al retener el calor
del Sol e impedir que escape al espacio, incrementando con ello la temperatura de la Tierra. Este calentamiento global está provocando un cambio en el clima que constituye una grave amenaza, por las negativas consecuencias naturales, sociales y territoriales que puede generar.

En 2013, se editó un IEB Report sobre reforma fiscal que llevaba por subtítulo “El garaje se ha quedado pequeño y hay que reorganizarlo”, a partir de una analogía de Lawrence Summers sobre la evolución de un sistema fiscal. Casi diez años después, se vuelve a plantear esta necesidad. Durante este tiempo, se han publicado dos informes de reforma de nuestro sistema fiscal: el denominado Informe Lagares (2014) y ahora el Libro blanco sobre la reforma tributaria (LB) (2022), que casi dobla en extensión al primero. Los graves problemas medioambientales y la crisis energética, la digitalización de la economía o la mayor importancia que han adquirido las desigualdades de renta y de riqueza, entre otros motivos, justifican esa mayor extensión, aparte del diagnóstico cuantitativo que hace el LB (2022) sobre nuestras finanzas públicas.

La irrupción de la pandemia de la COVID-19 ocasionó un descalabro sanitario y económico en la mayoría de los países del mundo. La rapidez en la transmisión del virus, la incapacidad de muchos sistemas sanitarios de absorber toda la demanda de servicios y las medidas de restricción de la actividad económica y de la movilidad social evidenciaron la escasa preparación de los gobiernos de todo el mundo para gestionar una crisis de tal magnitud.

La congestión, la contaminación ambiental y los accidentes son algunas de las derivadas sobre las que es preciso tomar medidas para reducir sus efectos negativos. En ello se centra este documento del IEB en el que han participado los profesores Antonio Russo, de Loughborough University (Reino Unido), y Jos van Ommeren de VU Amsterdam (Países Bajos); Maria Borjesson de Linköping University (Suecia); y Daniel Albalate y Xavier Fageda de la Universitat de Barcelona (España).

El shock provocado por la COVID-19 y la posterior respuesta de nuestro sector público han puesto en valor su papel como asegurador, no cabe duda. La alternativa habría sido un descalabro sin precedentes de nuestra economía – y lo de “sin precedentes” no es una expresión retórica, pues, aun con la intervención pública, el PIB español llegó a caer casi un 11% en términos reales. Dicho de otro modo: hubo una desviación respecto de las previsiones iniciales de crecimiento económico para 2020 de casi 13 puntos porcentuales. Y ello, obviamente, ha de tener consecuencias sobre el nivel de endeudamiento público y, potencialmente, sobre la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. En este sentido, la situación de España no es manifiestamente diferente de la de otros países desarrollados.

Durante casi un siglo, la fiscalidad internacional se ha fundamentado en unos principios fijados en el marco de la
Sociedad de Naciones en los años veinte del siglo xx. La existencia de sistemas fiscales soberanos en un marco incipiente de operaciones económicas fuera de las fronteras de cada Estado llevó, en ese momento, a establecer unos principios que garantizaran una cierta justicia en la imposición internacional, evitando tanto la doble imposición de unos mismos beneficios en más de un Estado como la no imposición en ninguno. Se trataba de fijar unos criterios o puntos de conexión –la residencia y el territorio–, en función de los cuales se asignaba qué país o países tenían derecho a gravar los beneficios.