Antes de que la crisis del coronavirus cambiara las coordenadas del sistema económico y social, el sector energético ya había comenzado a afrontar el reto de desarrollar el sistema energético del futuro –descarbonizado, descentralizado, digitalizado y democratizado– a fin de alcanzar los objetivos de energía y clima propuestos por la Unión Europea (Comisión Europea, 2019) y el Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015a). Al mismo tiempo, fruto de la adaptación a las nuevas políticas y normativas integradas en el marco europeo, el mercado laboral se veía
también inmerso en un proceso de profunda transformación, demandando nuevos perfiles de profesionales cualificados en toda la cadena de valor del sector energético.

A lo largo de los últimos años, el concepto de pobreza energética ha ido adquiriendo mayor notoriedad en el seno de la Unión Europea. De ahí que este fenómeno se haya situado en el epicentro del debate de economistas, responsables políticos y de la sociedad en general. La voluntad unánime de defender unos derechos energéticos básicos que permitan garantizar una vida saludable y digna entre la ciudadanía ha posicionado la lucha contra la pobreza energética en la configuración del nuevo modelo energético europeo basado en la descarbonización, la sostenibilidad y el empoderamiento de los consumidores como actores claves de una transición energética justa.

La pobreza energética es un tema de creciente interés tanto en el ámbito social, como político y empresarial. Los responsables de las políticas públicas muestran creciente preocupación por este aspecto particular de la pobreza de la población. El enfoque de las políticas públicas en España de los últimos años dista de dar una solución adecuada a un problema que fundamentalmente no se circunscribe al sector energético. Las actuaciones propuestas sostienen que parte del coste de hacer frente a la pobreza energética debe ser financiado por parte de las empresas del sector, esta visión es incorrecta, no solo porque es regresiva e ineficiente, sino porque no busca resolver la verdadera naturaleza del problema. La pobreza energética es una dimensión más de la pobreza general, y por lo tanto, principalmente caben políticas públicas redistributivas.