La pobreza energética es aquella situación en la que un hogar no puede acceder a los servicios energéticos esenciales con el fin de preservar un nivel de vida y salud digno (Comisión Europea, 2023). El porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada es uno de los indicadores subjetivos más comúnmente utilizados dentro de la Unión Europea para medir la pobreza energética. La creación del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, en 2018, introdujo este indicador, junto a tres más (retraso en el pago de las facturas, gasto desproporcionado y pobreza energética escondida), como indicadores primarios para capturar las diversas facetas de la pobreza energética.

This paper provides a theoretical framework to study the relationship between expanded road capacity, traffic volumes and increased economic activity. We build on Anas (2024) to show that increased traffic volumes do not necessarily lead to congestion if adjustments in econòmic factors, such as population or employment, are not substantial. We test our predictions obtaining key estimates with data from Great Britain between 2001 and 2020, and adopting a shift-share instrumental variable approach. We find that the elasticity of vehicle kilometers traveled to road capacity improvements is positive and statistically different from 1 across different specifications, while the elasticity of population and employment is positive but smaller than 1. In our framework this implies that the cost of driving does not increase above initial levels, resulting in higher consumer surplus through changes in travel demand and time savings.

La pobreza energética es aquella situación en la que los hogares no pueden acceder a servicios energéticos adecuados y suficientes para el desempeño de una vida digna. En 2022, el 9,3% de la población europea declaró tener problemas para mantener su hogar a una temperatura adecuada mientras que el 6,9% de los europeos manifestó retrasos en el pago de sus facturas relacionadas con el hogar (calefacción, electricidad, gas, agua, etc.).
Dos acontecimientos disruptivos de la historia económica mundial reciente han agravado la situación de pobreza energética. En marzo de 2020 se declaraba la pandemia de COVID-19, mientras que en febrero de 2022 tuvo lugar el estallido de la guerra en Ucrania que desencadenaba la crisis energética actual. Todo ello ha supuesto un impacto negativo directo en los presupuestos familiares, afectando especialmente a los colectivos en situación de vulnerabilidad sobre un bien básico de primera necesidad como es la energía (Carfora et al., 2022; Guan et al., 2023).

Antes de que la crisis del coronavirus cambiara las coordenadas del sistema económico y social, el sector energético ya había comenzado a afrontar el reto de desarrollar el sistema energético del futuro –descarbonizado, descentralizado, digitalizado y democratizado– a fin de alcanzar los objetivos de energía y clima propuestos por la Unión Europea (Comisión Europea, 2019) y el Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015a). Al mismo tiempo, fruto de la adaptación a las nuevas políticas y normativas integradas en el marco europeo, el mercado laboral se veía
también inmerso en un proceso de profunda transformación, demandando nuevos perfiles de profesionales cualificados en toda la cadena de valor del sector energético.

A lo largo de los últimos años, el concepto de pobreza energética ha ido adquiriendo mayor notoriedad en el seno de la Unión Europea. De ahí que este fenómeno se haya situado en el epicentro del debate de economistas, responsables políticos y de la sociedad en general. La voluntad unánime de defender unos derechos energéticos básicos que permitan garantizar una vida saludable y digna entre la ciudadanía ha posicionado la lucha contra la pobreza energética en la configuración del nuevo modelo energético europeo basado en la descarbonización, la sostenibilidad y el empoderamiento de los consumidores como actores claves de una transición energética justa.

La pobreza energética es un tema de creciente interés tanto en el ámbito social, como político y empresarial. Los responsables de las políticas públicas muestran creciente preocupación por este aspecto particular de la pobreza de la población. El enfoque de las políticas públicas en España de los últimos años dista de dar una solución adecuada a un problema que fundamentalmente no se circunscribe al sector energético. Las actuaciones propuestas sostienen que parte del coste de hacer frente a la pobreza energética debe ser financiado por parte de las empresas del sector, esta visión es incorrecta, no solo porque es regresiva e ineficiente, sino porque no busca resolver la verdadera naturaleza del problema. La pobreza energética es una dimensión más de la pobreza general, y por lo tanto, principalmente caben políticas públicas redistributivas.