Los representantes políticos y los académicos presentes en la jornada" La reforma de la administración local" que ha organizado el Instituto de Economía de Barcelona el 10 de febrero de 2014 han argumentado su rechazo a la ley estatal que reforma estas administraciones (Ley 27/ 2013), porque puede vaciar de competencias los municipios de menos de 20.000 habitantes, no garantiza la efectividad en la prestación de servicios y no siempre implica una mayor transparencia. También se ha apuntado la necesidad de clarificar la financiación de las administraciones públicas, lo que ha considerado que la ley no aborda.
En palabras de Santiago Lago, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Vigo: "la ley no aborda los grandes problemas, trata algunas partes de la cuestión, está gobernada por la coyuntura y obsesionada por el dinero y no por los problemas de fondo. Es muy llamativo que no trate la financiación".
El representante del Ministerio presente en la jornada (Enrique Orduña, subdirector general de Administración local de la Dirección General de Coordinación y Competencias con CAA y Entidades locales) ha explicado que supone la nueva ley, pero no ha tomado parte en el debate generado por la resto de ponentes y participantes en la jornada.
El nuevo texto legal supone un traspaso de competencias de localidades de menos de 20.000 habitantes a las Comunidades Autónomas ya las Diputaciones en aspectos tales como la gestión de residuos, la limpieza viaria, el alumbrado público, las guarderías y las ayudas a personas mayores ya la inmigración. Y eso, siempre que los ayuntamientos no puedan demostrar una prestación eficiente de los servicios.
 
La Diputación no debe fiscalizar
El presidente delegado de Hacienda de la Diputación de Barcelona, Carles Rossinyol, ha afirmado que "las administraciones de elección indirecta por parte de los ciudadanos no debemos fiscalizar los ayuntamientos, para la legitimación democrática no es casual". Rossinyol ha defendido la necesidad de regular la relación entre los ayuntamientos y las diputaciones, "pero siempre teniendo en cuenta que la proximidad de las corporaciones locales permite dar una respuesta inmediata a cuestiones locales". Y ha dado cifras sobre el endeudamiento respecto del PIB del mes de noviembre de 2013: 71% del Estado, 23% las CCAA, 0% las corporaciones locales (que tienen superávit) y un 6% la Seguridad Social.
El profesor Javier Suárez Pandiello también ha hecho referencia al refuerzo que la Ley 27/2013 otorga a la naturaleza de las diputaciones y se ha mostrado "muy crítico" sobre la creencia de que potenciarlas mejore la eficiencia de la administración pública: "es un disparate y una barbaridad potenciar el papel de las diputaciones sin aclarar antes el funcionamiento de una institución no elegida por los ciudadanos, que recibe por una parte y reparte por la otra". El catedrático asturiano ha pedido que los ciudadanos voten a sus representantes en las diputaciones, si bien se ha mostrado partidario de hacer desaparecer esta administración.

 
 
 
 
 
 
Fusionar municipios
Varios ponentes han hecho referencia a la experiencia internacional en la fusión de municipios, planteada como una alternativa, y se han llamado los casos de Alemania, Dinamarca, Suiza y Francia, con comportamientos diferentes. Para el profesor Suárez Pandiello es una opción válida pero vinculada a la gestión y no en el ahorro económico, y ha defendido totalmente el ahorro que sí se produciría en municipios de cinturones urbanos para la reducción de cargos públicos con coste, entre otros aspectos. También se ha mostrado partidario de la fusión de municipios Santiago Lago, de la Universidad de Vigo, y ha defendido que se aplique a escala autonómica y no estatal. Para Lago, "no debe verse como una herramienta de reducción de gasto, sino de generación de municipios más fuertes, más profesionales y más cooperativos”.