Creo que, por mucho que se mejore la gestión, en la administración y la inspección tributaria hay un problema de partida que obstaculizará permanentemente las mejoras: la complejidad del sistema fiscal español. No sólo por la existencia de excesivos impuestos (varios de los cuales, como se ha visto, carecen de sentido económico), sino por la complejidad de las principales figuras tributarias. Un buen ejemplo es la forma en la que la Administración facilita a los contribuyentes la cumplimentación del IRPF, haciendo casi todo el trabajo al contribuyente medio (no sólo vía borradores, sino también con atención personal). Si bien la medida puede ser eficaz, no es eficiente, ya que los ciudadanos necesitarían mucha menos ayuda si el impuesto fuese más sencillo.

La complejidad provoca además un segundo efecto perverso: que los contribuyentes no tienen ni idea de cómo funcionan los impuestos, y se limitan a aceptar lo que les dice la AEAT (en el mejor de los casos), o a contratar sistemáticamente asesoría fiscal. El ejemplo del IRPF es de nuevo paradigmático: la no obligación de declarar provoca que mucha gente no sea consciente de cuánto ni, sobre todo, de por qué paga. Un impuesto más sencillo, combinado con borradores de declaración más comprensibles, permitiría obligar a declarar, con escasos costes de cumplimiento, a todos los contribuyentes, haciendo el sistema mucho más transparente.

Por otra parte, creo que es imprescindible modernizar radicalmente los programas de ayuda de declaraciones, alejándolos del esquema de impresos en el que todavía están basados. Un programa como el PADRE no debería mostrarnos más que una serie de preguntas, y luego ofrecernos los resultados, siempre con enlaces a explicaciones y a legislación. Existen innumerables ejemplos hoy en día de programas y páginas web que logran transformar un concepto complicado en algo accesible para el ciudadano medio, mientras que el programa PADRE es el ejemplo contrario: no sólo no hace más fácil el acceso a la información, sino que el propio programa es incomprensible en su diseño y en su funcionamiento.

Un problema adicional en España es que los ciudadanos no saben exactamente a quién pagan sus impuestos. Por ejemplo, no parece razonable a estas alturas que la cuota resultante de la liquidación en el IRPF sea una cifra única, suma de la parte estatal y la autonómica, o que el Impuesto sobre el Patrimonio, cedido al 100%, se declare ante la Agencia Tributaria.

Respecto al fraude, creo que la actitud pasiva de la Administración al respecto queda perfectamente resumida con esta frase: “El IVA no tendría que subir tanto si no existiera esa pregunta de con IVA o sin IVA, que se ve como un deporte nacional en cualquier rincón de la geografía española” (Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 9 de julio de 2012). Además, con discursos como este es difícil que los ciudadanos estén dispuestos a aceptar amnistías fiscales como la vigente, porque no es creíble que esta sea realmente la última oportunidad para regularizar situaciones irregulares. Creo que en ningún caso procede una amnistía fiscal de este tipo, pero mucho menos si en paralelo no hay un mensaje claro de que se luchará por todos los medios contra el fraude fiscal.