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Fernando Delgado Ponce

En la situación actual, en la que las clases medias y bajas están soportando las medidas llevadas a cabo por el ejecutivo, parece justo pensar que sean las grandes riquezas quienes deban tomar parte en mayor medida de la recuperación económica.

La estructura actual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de alguna manera beneficia a las grandes masas patrimoniales y a los especuladores de la economía, en lugar de premiar el esfuerzo de los trabajadores, cuyos únicos ingresos son las rentas del trabajo. En el primero de los casos, se está gravando a un tipo del 21%, mientras que en el segundo se impone un marginal de entre el 24-56%.

Otras medidas que perjudican aún más a las clases media y baja, radican en la supresión de algunas de las deducciones, hasta ahora aplicables, que por motivos de la situación económica actual están desapareciendo del esquema impositivo. Es el ejemplo de la adquisición de vivienda habitual (que desaparece en 2013).

No parece acertado que, necesitando ingresos, el Estado fundamente sus políticas en incrementar tipos que afectan a las clases trabajadoras, cuando es de sobra conocido que la riqueza real se encuentra en forma de capital, ya sea en territorio español o en paraíso fiscal. Por otra parte, es comprensible que el Ejecutivo trate de evitar la fuga de capitales que busquen tipos impositivos inferiores. Resulta, pues, evidente que se debe hallar un punto de equilibrio ante esta situación.

El Gobierno ha intentado recuperar los capitales que en otra época han huido del sistema fiscal español, con el fin de hallar nuevas fuentes de ingresos mediante la denominada amnistía fiscal. Aunque parezca una medida novedosa, lo cierto es que se ha llevado a cabo en otras ocasiones, con distintos resultados. Lo que se pretende es que pasen a formar parte de las rentas tributables todos aquellos capitales que en su día evadieron la imposición. El efecto más positivo no resultará de la Declaración Tributaria Especial que ahora se presenta, sino de lograr integrar en el circuito de rentas españolas los bienes que se afloren con la misma.

Como conclusión, más allá de valorar o juzgar si es justo amnistiar o no el fraude cometido, pretendo poner de manifiesto la trascendencia futura que de esta medida se deriva, y es la implicación de las grandes riquezas en la recuperación de la economía.