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El IEB propone fusionar municipios pequeños, reducir niveles de gobierno, promover la cooperación y reformar la financiación local para ahorrar y salvar las finanzas municipales

En su III Informe IEB sobre Federalismo Fiscal, el Institut d’Economia de Barcelona alerta que la crisis amenaza la sostenibilidad de los servicios locales pero, a la vez, es una oportunidad para hacer una reforma en profundidad del sistema.

El III Informe IEB sobre Federalismo Fiscal del Institut d’ Economia de Barcelona (IEB) propone aprovechar la crisis actual para reorganizar el gobierno local y reformar su sistema de financiación. Los cambios propuestos pasarían por adelgazar la administración local, promover la fusión de municipios pequeños para reducir costes y reformar de forma urgente el sistema de financiación local. Esta reforma, dirigida a conseguir una financiación más justa y reducir el grave déficit municipal, pasaría antes que nada por un reparto claro de competencias y una reforma de tributos como el IBI y el IAE.

El Instituto de Economía de Barcelona, centro de investigación en Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona, publica anualmente el Informe IEB sobre Federalismo Fiscal, con contribuciones de expertos del IEB y otras universidades del mundo. El informe de este año, dirigido por los catedráticos de Hacienda Pública e investigadores del IEB Núria Bosch y Albert Solé, pretende enriquecer un debate necesario y urgente sobre la grave situación financiera de los municipios con el análisis de economistas de prestigio.  

El IEB acoge la Cátedra de Federalismo Fiscal de la Universitat de Barcelona, que, con el apoyo de la Fundación ICO, el Instituto de Estudios Fiscales y el Institut d’ Estudis Autonòmics, hace posible este informe y todo un programa de investigación sobre Federalismo Fiscal.

Propuestas para una reorganización del gobierno local

Fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes
El informe asegura que la mayoría de municipios españoles son inviables administrativamente, y considera las fusiones como un ingrediente imprescindible en cualquier proceso de reforzamiento del gobierno local. En el caso español, conseguir un tamaño mínimo de 5.000 habitantes ya sería un adelanto, teniendo en cuenta que el 85% de los municipios está por debajo de este umbral.

Los beneficios que la fusión de municipios aportaría serían:

-Reduciría costes de administración, garantizando a la vez una mejor capacitación administrativa de los municipios
-Facilitaría la realización de una reforma del sistema de financiación local, reduciendo la dependencia de los municipios respecto de niveles superiores y mejorando la responsabilidad fiscal de cada municipio respecto de los ciudadanos.
-Mejoraría la eficiencia de las políticas de inversión municipales (reduciendo la dependencia de los pequeños municipios respecto de niveles superiores de gobierno) y evitando duplicidades en la provisión de equipamientos.
-Facilitaría el control financiero de los municipios (ahora imposible por tamaño y número) y el diseño de políticas adaptadas a las necesidades (ej: estímulo fiscal; asistencia en situaciones financieras extremas, etc.).

La reforma tendría que ir acompañada de mejoras en los sistemas de participación ciudadana para garantizar que todos los ciudadanos (también los de municipios pequeños fusionados) tienen capacidad de incidir en las decisiones que los afectan.

Reforzamiento de la cooperación intermunicipal
El informe defiende potenciar la cooperación intermunicipal para aprovechar las economías de escala, sobre todo cuando no resulta factible la fusión o en el caso de servicios con mayor potencial de cooperación. En la recogida de residuos sólidos, por ejemplo, el estudio recuerda que en los municipios catalanes que cooperan el coste es un 19% inferior al de los municipios que no cooperan. Si sólo se miran los municipios de menos de 10.000 habitantes, el coste medio es un 22% inferior.

Hasta ahora, no obstante, en muchos casos la cooperación a través de niveles de gobierno supramunicipales ha sido cara y ha generado duplicación de costes administrativos.

Eliminación de niveles de gobierno supramunicipales
El informe considera evidente el potencial de simplificación de la estructura administrativa en España (Diputaciones; comarcas; cabildos; Consejos; Entidades Metropolitanas, etc). Y apunta como primera posibilidad diseñar una estructura de gobiernos supramunicipales asimétrica, manteniéndolos en las zonas rurales para garantizar la prestación de ciertos servicios y eliminándolos en las zonas urbanas. Una segunda opción es sustituir todos los gobiernos supramunicipales por instituciones más flexibles, similares a las asociaciones voluntarias de municipios que ya existen en Francia o Finlandia. Su buen funcionamiento se puede conseguir con incentivos financieros adecuados y un diseño institucional que facilite la toma de decisiones.

En cuanto a las áreas metropolitanas de grandes ciudades, defiende coordinar la prestación de servicios y compartir costes estableciendo acuerdos de cooperación o creando entidades metropolitanas. En el caso de Barcelona, una simplificación de la organización administrativa en el área metropolitana parece necesaria, eliminando otros niveles de gobierno como el comarcal. 

 Propuestas  para  un nuevo modelo de financiación local

La propuesta de nuevo modelo de financiación local, incluída en el informe y dirigida por la profesora Maite Vilalta , pretende poner las bases de un sistema más justo y equitativo que reduzca el déficit de los municipios. Se basa en los principios de autonomía financiera (poder decidir cuánto ingreso y cómo gasto); equilibrio vertical (entre gobierno central, autonómico y local); equidad horizontal (entre municipios) y coordinación, unos principios que no se respetan en el actual sistema.

Según los autores, la reforma pasaría, inevitablemente, por una distribución clara de competencias y un incremento de la autonomía financiera de los ayuntamientos, dotándolos de capacidad normativa sobre tributos que aportan una parte importante de sus recursos. (Hoy, los ingresos municipales procedentes de impuestos y tasas son el 43%, mientras que en 2001 eran del 48,9%)

 Objetivo: mayor autonomía financiera 
a)Cambios sobre los tributos que dependen de los ayuntamientos (IBI, IAE, Impuesto sobre vehículos, sobre construcciones y obras y sobre el incremento de valor de suelo urbano) y con el  objetivo de hacerlos más eficientes, flexibles y transparentes:               

Impuesto de bienes inmuebles (IBI):
§          Fijar el valor catastral basándose en el valor de mercado
§          Hacer actualizaciones obligatorias del valor catastral con una periodicidad más alta
§          Aumentar el techo máximo del tipo impositivo
§          Estudiar gravar con los tipos más altos los bienes inmuebles destinados a actividades económicas y dar un trato favorable a las viviendas habituales
§          Aplicar un recargo sobre bienes inmuebles permanentemente desocupados 

Impuesto de Actividades Económicas (IAE):
§          Reformarlo para que la cuota a pagar esté realmente relacionada con el resultado empresarial ó bien
§          Suprimirlo y compensar la pérdida de recursos con una fuente impositiva alternativa 

Impuesto sobre vehículos:
§          Introducir variables ambientales para que se pague según el nivel de emisiones contaminantes
§          Mejorar la relación entre valor del vehículo y la cuota a pagar
§          Analizar los puntos de conexión en los vehículos usados para actividades económicas
§          Aplicar un incremento de los tipos impositivos y eliminar el impuesto sobre determinados medios de transporte (CCAA) 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO): Extender el pago del ICIO y hacerlo obligatorio no sólo cuando se exige licencia.   

Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos urbanos (IVTNU)
§          Modificar el cálculo de la base imponible del impuesto para que el incremento en el valor que se grava sea real y no estimado, como ahora
§          Posibilidad de integrar el IVTNU y el de transmisiones patrimoniales y desdoblar el tipo impositivo en un tramo autonómico y otro fijado por el municipio 

b) Cambios sobre tributos de los que ahora sólo pueden participar los municipios grandes (más de 75.000 hab): 
§          Estudiar la posibilidad de que todos los municipios (no sólo los de más de 75.000 hab) reciban una parte del IRPF. El argumento económico es que los ayuntamientos asumen servicios vinculados al Estado del bienestar y no sólo a la propiedad inmueble.
§          Plantear que los municipios, almenos los de cierto tamaño, puedan tener cierta capacidad normativa sobre el IRPF 

c) Estudiar la introducción de nuevas tasas en la cesta tributaria de los municipios:
§          Introducir un impuesto que grave las pernoctaciones turísticas (voluntario para los ayuntamientos)
§          Reforzar las tasas  y precios públicos de determinados servicios
§          Incentivar el uso de las contribuciones especiales
§          Modificar la tributación de las empresas de suministro por uso del dominio público y reconsiderar el reconocimiento del régimen especial de Telefónica

 Objetivo: mayor equilibrio vertical y horizontal

El estudio lamenta el desequilibrio entre el reparto de competencias y el reparto de ingresos potenciales entre el gobierno central, los intermedios y los locales. Un desequilibrio que se ha agravado, entre otras razones, por la caída del potencial recaudatorio (muchos de los impuestos que recauda el ayuntamiento dependen de la actividad inmobiliaria); y el incremento de los gastos municipales por suministrar servicios que corresponden a otros niveles de gobierno. La solución a este desequilibrio pasaría, según el estudio, por el incremento adicional de recursos que el Estado tendría que inyectar en el modelo de financiación municipal.

Otra propuesta, incluída en el informe y elaborada por los profesores Francisco Pedraja y José Manuel Cordero, es que el modelo de financiación local distinga entre pequeños y grandes municipios, dotando de cierta financiación especial las grandes ciudades de las áreas metropolitanas. Los pequeños tendrían competencias restringidas a servicios básicos y financiación a través de un sistema fiscal simple (impuestos obligatorios vigentes+tasas+sistema de transferencias fijas por habitante). Los grandes añadirían, a las competencias básicas, otras de carácter más personal y social y se financiarían con los actuales impuestos (reformados) y tasas y un sistema de participaciones sobre figuras tributarias de base amplia y con posibilidades de territorialización. Los autores también insisten en la necesidad de establecer fórmulas distributivas más justas, con claros indicadores de necesidad (población con ponderaciones) y de capacidad (índice basado en el IBI). El objetivo sería vincular los recursos con las capacidades, un hecho que no se produce con la fórmula vigente.

Todas las propuestas del III Informe de Federalismo Fiscal del IEB se basan en el análisis de investigadores de prestigio como Maite Vilalta (Universitat de Barcelona y IEB) que describe las bases de una reforma de la financiación; Germà Bel (Universitat de Barcelona) que evalúa las economías de escala en diferentes puntos del Estado; Francisco Pedraja y José Manuel Cordero (Universidad de Extremadura), que apuestan por reformar el sistema de subvenciones; Anti Moisio (Instituto Gubernamental de Investigación Económica de Helsinky), experto en las fórmulas de cooperación municipal utilizadas a los países nórdicos; Guy Gilbert (Ecole Normal Supérieure de Cachan), analista del caso francés; y Enid Slack (Universidad de Toronto), que hace un análisis de la financiación en entornos metropolitanos.
 

Descargar "III Informe IEB de Federalismo Fiscal"    

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