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 Un informe sobre fiscalidad ambiental encargado por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) a profesores de la Aarhus University (Dinamarca) i la Universidad de Vigo pone en evidencia que en España hay margen para aumentar los impuestos ambientales, a partir de una distribución de carga fiscal diferente de la actual. El documento apunta que el Estado español es el país de la Unión Europea (UE) donde la fiscalidad ambiental tiene un porcentaje más bajo de relación entre impuestos ambientales y PIB: un 1,6% respecto de la media europea del 2,4%. Un cambio en la distribución fiscal supondría que los impuestos relacionados con energía, transporte, contaminación y recursos sustituirían a los que graban el trabajo. Este intercambio fiscal puede contribuir a una mayor competitividad económica, reduciendo costes laborales e incidiendo en un uso más eficiente de los recursos y la energía.
 
Los autores del documento son los profesores Mikael Soku Andersen, de la Aarhus University (Dinamarca), y Xavier Labandeira, Alberto Gago y Xosé C. Álvarez, de la Universidad de Vigo. José María Duran –investigador del IEB y profesor de la UB– coordina el trabajo y recuerda en el prólogo que el Informe Lagares de julio de 2014 (encargado por el gobierno central a un comité de expertos) deja claro que la reforma fiscal verde está pendiente en España y plantea 16 medidas concretas para fomentar. Sin embargo, la reforma fiscal en marcha por parte del gobierno central no prevé ninguna de estas medidas.
Nuevos impuestos ambientales
El profesor Andersen argumenta que si España se situara en la media europea, los impuestos ambientales aportarían unos 5 o 6.000 millones de euros adicionales. En línea con esta afirmación, los profesores Álvarez, Gago y Labandeira afirman que “la imposición ambiental puede ser clave en España para progresar en la consolidación fiscal y, a la vez, reforzar el binomio crecimiento – competitividad, garantizar la viabilidad de las políticas sobre cambio climático, renovables y eficiencia energética y avanzar hacia una economía baja en carbono”.
Hay que tener en cuenta que estos impuestos pueden afectar a la competitividad de algunos sectores y a la distribución de rentas. Por ello, los profesores de Vigo apuntan que “se deben integrar en instrumentos de política ambiental y energética para evitar la paradoja de grabar producciones energéticas que previamente han recibido primas”. Igualmente, resaltan que la imposición ambiental en España hasta ahora ha sido básicamente de ámbito autonómico y ello  reclama un proceso gradual de acuerdo, per alcanzar una correcta asignación de impuestos entre gobiernos.
El impuesto energético, el nuevo protagonista
Los profesores Álvarez, Gago y Labandeira afirman que el gran margen en la fiscalidad ambiental en el Estado español está en los impuestos energéticos. Toman como punto de partida que España está a la cola de un indicador básico: el porcentaje que representan los impuestos sobre el precio final de la energía. I afirman que “es posible que la imposición energético-ambiental se convierta en un instrumento clave del sistema fiscal español para mantener la estrategia de consolidación fiscal”. La propuesta de la directiva sobre fiscalidad energética supone grabar carburantes, gas y electricidad con una doble vía: en función de las emisiones y según la intensidad de consumo energético.
Igualmente, Mikel Soku Andersen propone el apoyo a las energías renovables grabando la contaminación atmosférica. Según el profesor, estos impuestos “contribuyen a que no sean tan necesarias tarifas reguladas para primar energías renovables, ya que tienen una ventaja natural por su poca o inexistente contaminación”.  
Recomendaciones internacionales
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la UE han confirmado que los impuestos sobre consumo, propiedad y medio ambiente favorecen más el crecimiento económico que las imposiciones sobre renta, trabajo (en especial) y sociedades. Como consecuencia, el papel central de la imposición ambiental que recomiendan estas 3 instituciones está teniendo gran influencia en todo el mundo. En el caso del Estado español, la OCDE y la UE sugieren que aplique la imposición ambiental en una estrategia de devaluación fiscal, con el objetivo de favorecer el crecimiento. En concreto, la UE aconseja a España “reorientar la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo y las actividades perjudiciales para el medio ambiente”. 

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