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Alberto Moral

Las finanzas públicas españolas se encuentran en un momento delicado. Delegada la competencia en política monetaria al BCE, el único instrumento económico del que disponen los gobiernos de nuestras administraciones públicas es la regulación del ingreso y del gasto público; y es precisamente en este marco donde se debate qué es más conveniente hacer.

Existen propuestas de muy diversa índole, pero es razonable afirmar que todas ellas nos llevan a una misma situación de sobrendeudamiento público. Véanse las siguientes posibilidades:

– a) Si no se recorta el gasto público, el déficit se mantendrá por las nubes, con lo que nos veremos obligados a emitir deuda para seguir financiando el desajuste, lo que nos llevará a la obligación de tener pagar unos intereses inasumibles.

– b) Si se sigue recortando el gasto público, se desincentivará la actividad económica, especialmente ahora, donde prácticamente no existe un sector privado que esté dispuesto a hacer ‘de suplente’ del público, por lo que en el medio-largo plazo se reducirá la recaudación y tendremos que emitir deuda para poder hacer frente a los vencimientos de la prexistente.

– c) Si se disminuyese la carga tributaria y se bajasen los impuestos, se estimularía la actividad económica, pero en el corto-medio plazo la recaudación sería menor, por lo que habría que emitir deuda para costear el ingente gasto público actual, lo que nos llevaría a la misma situación de endeudamiento.

– d) Si se sigue en la línea de aumentar el sistema impositivo, creando nuevas tasas y subiendo impuestos, se asfixiará aun más la actividad económica, lo que implicará un menor crecimiento económico y, por lo tanto, una menor recaudación en el medio-largo plazo, la cual nos abocará a la necesidad de seguir emitiendo deuda para financiar el gasto público.

Nótese que en términos ajedrecísticos esta situación se consideraría jaque mate; se haga lo que se haga se ha perdido la partida contra la deuda. Hay que irse mentalizando de que nos esperan muchos años de ajustes presupuestarios y subidas de impuestos, máxime cuando las previsiones de crecimiento económico de España en 2013 oscilan entre el -1,2% y el -1,4% (-1,3% según el FMI) y el de la Eurozona un triste +0,2%, frente a los gigantes emergentes, cuya previsión de crecimiento es de un +5,8% de media.

Dicen que el hambre agudiza el ingenio. Esta perspectiva económica tan nefasta debe -o debería- forzar a nuestras instituciones a optimizar y sacar el máximo rendimiento posible a las finanzas públicas. Ello implica, entre otras cosas, encontrar el modo de aumentar el ingreso público sin lastimar la actividad económica; el contribuyente no es un pozo sin fondo, tiene una capacidad de contribución limitada, al mismo tiempo que necesita que el sector público le brinde una serie de servicios que no pueden quedar desatendidos.

“Ahora que el contribuyente está en las últimas -¡con la subida del IVA casi se nos muere!-, ¿de dónde vamos a sacar la pasta para pagar la deuda?”. Es ante esta pregunta ‘del millón’ cuando el legislador fija su mirada en el fraude fiscal. Y razones no faltan, las cifras son de escándalo; ¡cojan una calculadora y hagan números!: si el fraude fiscal en España está cuantificado entorno a unos 65.000 – 70.000 millones de euros y la partida presupuestada para pagar los intereses de la deuda en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 es de unos 38.000 millones de euros, significa que, hipotéticamente, si mañana desapareciese el fraude fiscal, el Estado español podría hacer frente a los intereses del pago de la deuda, amortizar parte del capital adeudado e incluso ‘permitirse el lujo’ de transferir a Comunidades Autónomas y municipios una parte del pastel para que se pusiesen al día en sus cuentas.

Obviamente esto no va a pasar. El fraude fiscal es como el dopaje en el deporte: los infractores siempre van un paso por delante del órgano de control y únicamente ‘se pilla’ a quien no ha tomado las cautelas suficientes o ha quedado atrás respecto al resto. Pero aunque sea una tarea difícil, no deja de ser una función crucial de la administración tributaria combatir este fenómeno, máxime en un país como España, donde tal y como desvelan las encuestas del CIS, la llamada “moralidad tributaria” no está del todo arraigada en nuestro sistema de valores (aunque no falten motivos para que esto sea así).

En este sentido, creo que un gran paso en la lucha contra el fraude ha sido la aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de (cojan aire) ‘modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude’.

Dejando a un lado el irritante tema de la amnistía fiscal al 10%, tal y como comenta el Profesor Onrubia en su trabajo sobre la reforma de la Administración Tributaria, la medida estrella contra el fraude adoptada por esta ley es la de establecer la obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero bajo multa mínima de 10.000€ y sanciones variables de entre 100 y 5.000€ por dato omitido.

Dado que empezará a aplicarse a partir del viernes que viene (30 de noviembre de 2012), aun es pronto para hacer una valoración, pero salta a la vista que para que esta medida resulte efectiva, la AEAT requerirá de la estrecha colaboración de las Administraciones Tributarias del resto de países, lo cual, si hay voluntad política, es relativamente sencillo de conseguir en el marco de la UE, pero estará por ver qué opina la administración tributaria de Islas Mauricio, Bahamas, Isla de Man, Gibraltar, etc. sobre el intercambio de información tributaria; en mi opinión, mientras no se tomen medidas internacionales para eliminar los paraísos fiscales, jamás se acabará con el grueso del fraude.

Finalmente, creo que en este debate se hace inevitable hablar de la próxima reforma penal que amplía el plazo de prescripción de los delitos fiscales más graves de 5 a 10 años y su pena máxima de 5 a 6 años. ¿Ustedes qué piensan? Debo confesar que aun no tengo una opinión del todo formada en el tema; pero parece que pese a que sus detractores apelen a una menor seguridad jurídica, todo apunta a que esta media, en combinación con la obligación de declarar bienes en el extranjero de la Ley 7/2012 y con la creación de un sistema de intercambio de información tributaria europeo, puede llegar a ser un golpe muy duro contra el fraude.

Alea iacta est, las cartas están echadas, esperemos que todas estas medidas den su fruto y se consiga de una vez por todas reducir el nivel de fraude fiscal; estaremos a la expectativa, ahora sólo queda esperar y ver qué pasa. Perdón por la extensión de mi comentario; pasen un buen fin de semana.

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