Nuestro sistema fiscal (SFE) tiene ya 35 años. En concreto, tiene su origen en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal. Durante estos 35 años, España ha sufrido cambios importantes. El país ha experimentado un notable proceso de crecimiento económico, en parte, gracias a nuestra entrada en el mercado único europeo, hoy Unión Económica y Monetaria. Además, de manera paralela, hemos pasado de una estructura de Estado centralizada a una descentralizada, en la cual la mitad del gasto público es realizado por los gobiernos autonómicos y locales. Pero, no sólo ha sido nuestro país el que ha experimentado cambios.

El principio básico que guió hasta finales de 2011 la actuación de las autoridades españolas frente a la crisis financiera no fue otro que reducir al máximo la carga soportada por los contribuyentes. Acorde con él, se descartó utilizar la solución que adoptaron un buen número de países, esto es recapitalizar masiva e inmediatamente con fondos públicos sus sistemas bancarios, optando en su lugar por exigir más provisiones y capital a las entidades con problemas, al tiempo que se incentivaba su fusión con otras más solventes.

La integración comercial interior de España recibió un gran impulso en la segunda mitad del siglo XIX. Anteriormente, las regiones eran economías relativamente independientes, debido a la presencia de barreras comerciales y a los altos costes de transporte. Durante el periodo entre 1860 y 1960 se consolida el mercado doméstico gracias a la liberalización comercial interior y a la finalización de la red nacional de ferrocarriles.

Las estadísticas comúnmente utilizadas para analizar el mercado de trabajo proporcionan las variaciones netas en el número de trabajadores empleados (o desempleados). Por ejemplo, observamos una caída en el desempleo de 10 mil personas que puede deberse tanto a que se crean 10 mil puestos de trabajo y que ninguna persona pierde su empleo; o bien a que se crean 50 mil nuevos empleos y se destruyen 40 mil de los ya existentes.

Un tema ampliamente debatido en la literatura económica es hasta qué punto las mejoras en transporte generan un impacto positivo sobre la actividad económica. Desde una perspectiva macroeconómica, son múltiples los estudios que han confirmado que una mejor dotación de infraestructuras favorece el crecimiento económico. Más recientemente, esta relación se ha contrastado a partir de un enfoque microeconómico que evalúa el efecto de las infraestructuras sobre el comportamiento de las empresas. La hipótesis subyacente es que la infraestructura, al mejorar la accesibilidad a los mercados, tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas que se benefician.

La defensa, además de representar un servicio público y de constituir una actividad productiva, genera impactos económicos sobre el resto de sectores de la economía, como consecuencia de las interacciones existentes entre los diferentes sectores implicados. Los principales resultados del estudio de impacto económico de las actividades asociadas a la defensa en la economía española, en el que han participado investigadores de la Cátedra de Mercados y Política Industrial, una unidad de investigación del IEB financiada por ISDEFE, muestran que los efectos son especialmente relevantes en los sectores de mayor contenido tecnológico e intensidad en el uso del conocimiento.