A vueltas sobre el debate territorial en España, el catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) y director del área de fiscalidad del IEB, Alejandro Esteller nos ofrece un nuevo Info IEB en el que pone de relieve las ventajas de la descentralización fiscal en base a su capacidad de ajustarse a las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma en España.

En las grandes áreas metropolitanas, la red de transporte público es esencial para un buen funcionamiento de la movilidad y difícilmente tiene sustituto. Tras el impacto de la COVID-19, el transporte público del área metropolitana de Barcelona se enfrenta al reto de si será capaz de seguir garantizando la movilidad. Por un lado, se observa un cambio de hábitos en los individuos a favor de una menor movilidad, como consecuencia de la desconfianza en los desplazamientos y, en particular, en el transporte público, con lo cual se registra un aumento del uso del transporte privado en la desescalada. Por el otro, el control de la epidemia obliga a mantener restricciones en el nivel de utilización del transporte público, que disminuyen de forma muy notable su capacidad para absorber los flujos de movilidad. ¿Cómo podrá afrontar la ciudad de Barcelona esta problemática? ¿Hasta qué punto se ha delimitar la movilidad en el transporte público de Barcelona para que no se sature? Lo han analizado en un nuevo Info IEB los investigadores del IEB y profesores de la UAB Anna Matas y Javier Asensio.

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha llevado a una situación de emergencia que no tiene precedentes en la historia reciente al poner en riesgo la salud y la economía a nivel global. La economía española y su sector energético en particular no son ajenos a esta realidad. El impacto se ha analizado en un estudio realizado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética y que se presenta en este Info IEB.

El estudio ofrece claves vinculadas al nivel de gobierno preferido por los ciudadanos en España para la gestión de la pandemia, a la relación entre confianza en las instituciones vs éxito en la gestión de la crisis y al auge de la tecnocracia como modelo de gobierno frente a políticas más bien ideológicas.

El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) ha publicado el tercero de sus análisis sobre el impacto de la COVID-19. En este caso, el nuevo Info IEB gira entorno a la banca y su autor es Antoni Garrido Torres, Catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona (UB). El autor recuerda en primer lugar que los bancos europeos mantienen en la actualidad niveles de liquidez y de capital muy superiores a los que tenían antes de la crisis financiera. Además, anticipándose a las tensiones de los mercados, el BCE ha adoptado un conjunto de medidas que van a inyectar más liquidez y capital en el sistema, algo fundamental en estos momentos.
La gran cuestión es si estas medidas van permitir garantizar una suficiente financiación en la eurozona, aspecto que dependerá en gran medida de la duración de la crisis. Llegado el caso, no hay que descartar que se tenga que acudir a medidas más heterodoxas, como la monetización del déficit.

Los investigadores del IEB, Gemma García y Esteban Sanromá, han hecho una previsión basándose en una hipótesis de escenario con respecto a la duración del período de confinamiento. En cuanto a la intensidad del impacto, lo han diferenciado por ramas de actividad. De forma resumida, concretan en que el sector primario y la industria alimentaria no registran descensos directos; en la industria manufacturera, diferencian entre aquellas industrias cuya demanda cae, otras en que simplemente se aplaza y, finalmente, las que registran un aumento. Para la gran mayoría de los servicios, se suponen fuertes descensos, debidos a la caída de la demanda. La cifra resultante que ofrece el estudio incorpora la corrección derivada de las medidas de apoyo aprobadas. Asimismo, el análisis indica que el mantenimiento en el tiempo del cuantioso gasto público puede tener efectos macroeconómicos adversos sobre el volumen de la deuda pública, ya de por sí elevada, y sobre la prima de riesgo. Por ello, los autores consideran que es imprescindible alguna forma de apoyo financiero supranacional para limitar tales riesgos. De no ser así, y tener que retirar los apoyos, la destrucción de empleo sería mucho mayor.