La reciente crisis económica y financiera, conocida como Gran Recesión, asestó un duro golpe a las economías europeas en 2007. Ciertamente, la severidad de esta sacudida económica ha sido enorme y, en parte, inesperada. La crisis financiera, causada por una acumulación de desequilibrios financieros, se tradujo luego en una crisis de la deuda soberana en Europa: se creó una situación en que la deuda pública de ciertos países europeos alcanzó niveles claramente insostenibles y los diferenciales de rendimiento se ampliaron rápidamente. Estos acontecimientos pillaron desprevenida a una Unión Europea que, por primera vez, experimentaba las consecuencias directas de las imperfecciones de la integración europea, acumuladas durante las décadas precedentes.Así pues,en unas circunstancias que exigían respuestas rápidas, la reacción de Europa fue lenta, frenada por las de ciencias institucionales.

La Gran Recesión ha puesto de mani esto las serias de ciencias de diseño de la unión monetaria, unas de ciencias que han provocado graves desequilibrios en forma de endeudamiento exterior y de dé cit de la balanza por cuenta corriente, tanto en los países menos competitivos de la zona euro (los llamados países periféricos) como entre ellos y los países centrales de la eurozona.
Estos desequilibrios no se produjeron repentinamente al estallar la crisis ni a consecuencia de ella, sino más bien al revés: la crisis los puso en evidencia en toda su dimensión y los hizo insostenibles debido al cierre de los mercados financieros. En realidad, los desequilibrios se habían ido acumulando antes, durante los años de bonanza, ante la indiferencia y la inconsciencia generalizadas de todos los agentes económicos: los bancos centrales nacionales, el Banco Central Europeo (BCE), los reguladores, los gobiernos, los mercados, las agencias de rating, los deudores (que se endeudaban más de lo que podían permitirse) y los acreedores (que asumían más riesgos de los que habrían sido prudentes).

Contrasta con otras estructuras federales el escaso peso del presupuesto de la Unión Europea (UE) – apenas un 1% del PIB de sus países miembros – y su escasa autonomía por el lado del ingreso; el 80% de sus ingresos derivan de una participación en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en la Renta Nacional Bruta (RNB) de cada país. La primera característica lleva inevitablemente a que tenga que ser la política monetaria la que actúe como mecanismo estabilizador ante perturbaciones asimétricas de sus países miembros2, mientras que implícitamente la segunda hace que los agentes económicos – en especial, las empresas con presencia en diversos países miembros – tengan que hacer frente a diversos sistemas scales, con los consecuentes costes de cumplimiento fiscal, pero también con posibilidades de arbitraje fiscal dentro de la Unión, por ejemplo, a través de los denominados “precios de transferencia”.

A día de hoy, la corrupción es considerada por la sociedad española como uno de los principales problemas. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 50% de la población considera que la corrupción y el fraude son uno de los tres principales problemas que existen1. Sólo el paro le supera, problema que identifica el 80% de la población encuestada. Desde inicios de la pasada década, durante el boom del mercado inmobiliario, han sido numerosos los escándalos de corrupción urbanística vinculados a políticos de los gobiernos locales. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria el año 2009 no significó la desaparición de la corrupción, sino el surgimiento a la luz, que no el inicio, de otros tipos de corrupción, como, por ejemplo, la vinculada a la financiación de los partidos políticos.

El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común es fruto de los distintos acuerdos que se han ido sucediendo, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a lo largo de los últimos 30 años. Este modelo se estructura en torno a tres vías de obtención de los recursos: a) una cesta tributaria; b) un mecanismo de nivelación; y c) unos fondos de ajuste (para un mayor desarrollo, véase Bassols et al., 2010).

Si España quisiera alcanzar un nivel de presión fiscal similar al de la media de países de la UE(15), necesitaría recaudar unos 75.000 millones de euros más (recordemos que la recaudación vía IRPF es de 82.000 euros, aproximadamente). A partir de los datos de Schneider y Buehn (2012), eso supone que si nuestra economía sumergida fuese nula (escenario naíf), sin necesidad de aumentar la presión fiscal nominal, llegaríamos a los niveles de presión fiscal de nuestros socios comunitarios y, por tanto, a sus niveles de gasto público sobre el PIB1. En cambio, con un porcentaje de economía sumergida al nivel de Austria o al de Luxemburgo (escenario muy optimista), alcanzaríamos un 57% de ese nivel, mientras que situándonos al nivel del de nuestros socios (escenario optimista), llegaríamos hasta el 31%.