A día de hoy, la corrupción es considerada por la sociedad española como uno de los principales problemas. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 50% de la población considera que la corrupción y el fraude son uno de los tres principales problemas que existen1. Sólo el paro le supera, problema que identifica el 80% de la población encuestada. Desde inicios de la pasada década, durante el boom del mercado inmobiliario, han sido numerosos los escándalos de corrupción urbanística vinculados a políticos de los gobiernos locales. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria el año 2009 no significó la desaparición de la corrupción, sino el surgimiento a la luz, que no el inicio, de otros tipos de corrupción, como, por ejemplo, la vinculada a la financiación de los partidos políticos.

El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común es fruto de los distintos acuerdos que se han ido sucediendo, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a lo largo de los últimos 30 años. Este modelo se estructura en torno a tres vías de obtención de los recursos: a) una cesta tributaria; b) un mecanismo de nivelación; y c) unos fondos de ajuste (para un mayor desarrollo, véase Bassols et al., 2010).

Si España quisiera alcanzar un nivel de presión fiscal similar al de la media de países de la UE(15), necesitaría recaudar unos 75.000 millones de euros más (recordemos que la recaudación vía IRPF es de 82.000 euros, aproximadamente). A partir de los datos de Schneider y Buehn (2012), eso supone que si nuestra economía sumergida fuese nula (escenario naíf), sin necesidad de aumentar la presión fiscal nominal, llegaríamos a los niveles de presión fiscal de nuestros socios comunitarios y, por tanto, a sus niveles de gasto público sobre el PIB1. En cambio, con un porcentaje de economía sumergida al nivel de Austria o al de Luxemburgo (escenario muy optimista), alcanzaríamos un 57% de ese nivel, mientras que situándonos al nivel del de nuestros socios (escenario optimista), llegaríamos hasta el 31%.

Una vez más el sistema fiscal español está inmerso en un proceso de reforma fiscal. Este verano el Gobierno ha aprobado tres proyectos de ley1 que pretenden “abordar en el momento actual una reforma integral de nuestro sistema tributario”, según se afirma en la Exposición de motivos del primero de ellos. En un escenario económico como el actual, se considera “prioritario revisar nuestro sistema tributario para mejorar la e ciencia en la asignación de recursos y la neutralidad, lo que estimulará el crecimiento económico, la creación de empleo”, además de garantizar la su ciencia financiera para el conjunto de las administraciones públicas. En consecuencia, en la actual reforma fiscal parece estar muy presente la mejora en la e ciencia del sistema fiscal, con la finalidad de incentivar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, sin olvidar lógicamente un objetivo primordial como es el de la consolidación fiscal. Resumiendo, mejorar la e ciencia y garantizar la su ciencia son los dos objetivos fundamentales de la reforma.

La balanza fiscal calcula la diferencia entre los gastos que el gobierno central realiza en un territorio y los ingresos scales que obtiene del mismo, diferencia que puede resultar negativa (dé cit) o positiva (superávit). El saldo resultante nos informa del grado de redistribución territorial del presupuesto del gobierno central.
En España existe un debate en torno a la metodología aplicable para el cálculo de dichas balanzas.Académica e internacionalmente, están homologados dos enfoques: el de carga-bene cio y el del ujo monetario. El primero imputa los ingresos al territorio donde residen las personas que nalmente soportan la carga scal y los gastos dónde residen los bene ciarios, independientemente de dónde se produce el servicio público o se realiza la inversión. En cambio, el método del ujo monetario imputa los ingresos al territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen y los gastos al territorio en que éstos se materializan, independientemente del lugar geográ co donde se ubiquen los bene ciarios.

No es una novedad, en el debate político/económico de los países desarrollados, que el envejecimiento de la población afecta negativamente la sostenibilidad nanciera de largo plazo de los sistemas de pensiones. Desde nales de la década de 1980, varios organismos internacionales (Banco Mundial, OECD y ONU, entre otros) comenzaron a advertir sobre este problema. Además, propusieron cambios y/o reformas, con el objetivo de dotar de una mayor sostenibilidad nanciera a los sistemas de pensiones existentes amenazados, en aquel momento, por el futuro envejecimiento poblacional. Por ejemplo, expertos de la OCDE, hace más de 20 años ya avanzaron esta problemática: