El proceso de globalización ha incrementado la movilidad de las empresas más allá de las fronteras estatales. De hecho, la combinación de empresas multinacionales, un bajo nivel de armonización fiscal y un sistema imperfecto de intercambio de datos fiscales entre países ha tenido consecuencias importantes en la tributación aplicada a las empresas. Hoy en día es más que evidente que la tributación de las multinacionales es un tema que suscita inquietudes entre la opinión pública. Por ejemplo, en España, empresas como Apple, Google y Amazon pagan una factura fiscal sorprendentemente baja, lo que claramente llama la atención de los medios, y en el Reino Unido, el público ha boicoteado a Starbucks por sus prácticas de elusión fiscal. Al mismo tiempo, se han registrado una serie de respuestas en forma de políticas: algunos países han aprobado iniciativas para restringir las prácticas de elusión fiscal de las grandes empresas, y la Comisión Europea, por su parte, está luchando contra los acuerdos entre algunas grandes compañías y paraísos scales4.

En los últimos dos años Europa ha experimentado la llegada del mayor número de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, la principal causa ha sido el recrudecimiento de la guerra en Siria en 2015.
Pese a que en la Unión Europea existe una política común de asilo, durante estos últimos años, cada país fue aplicando políticas que han tenido, como características principales, la creación de barreras a la entrada y/o el endurecimiento de los requisitos para otorgar la condición de refugiado (Hatton, 2015).

La reciente crisis económica y financiera, conocida como Gran Recesión, asestó un duro golpe a las economías europeas en 2007. Ciertamente, la severidad de esta sacudida económica ha sido enorme y, en parte, inesperada. La crisis financiera, causada por una acumulación de desequilibrios financieros, se tradujo luego en una crisis de la deuda soberana en Europa: se creó una situación en que la deuda pública de ciertos países europeos alcanzó niveles claramente insostenibles y los diferenciales de rendimiento se ampliaron rápidamente. Estos acontecimientos pillaron desprevenida a una Unión Europea que, por primera vez, experimentaba las consecuencias directas de las imperfecciones de la integración europea, acumuladas durante las décadas precedentes.Así pues,en unas circunstancias que exigían respuestas rápidas, la reacción de Europa fue lenta, frenada por las de ciencias institucionales.

La Gran Recesión ha puesto de mani esto las serias de ciencias de diseño de la unión monetaria, unas de ciencias que han provocado graves desequilibrios en forma de endeudamiento exterior y de dé cit de la balanza por cuenta corriente, tanto en los países menos competitivos de la zona euro (los llamados países periféricos) como entre ellos y los países centrales de la eurozona.
Estos desequilibrios no se produjeron repentinamente al estallar la crisis ni a consecuencia de ella, sino más bien al revés: la crisis los puso en evidencia en toda su dimensión y los hizo insostenibles debido al cierre de los mercados financieros. En realidad, los desequilibrios se habían ido acumulando antes, durante los años de bonanza, ante la indiferencia y la inconsciencia generalizadas de todos los agentes económicos: los bancos centrales nacionales, el Banco Central Europeo (BCE), los reguladores, los gobiernos, los mercados, las agencias de rating, los deudores (que se endeudaban más de lo que podían permitirse) y los acreedores (que asumían más riesgos de los que habrían sido prudentes).

Contrasta con otras estructuras federales el escaso peso del presupuesto de la Unión Europea (UE) – apenas un 1% del PIB de sus países miembros – y su escasa autonomía por el lado del ingreso; el 80% de sus ingresos derivan de una participación en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en la Renta Nacional Bruta (RNB) de cada país. La primera característica lleva inevitablemente a que tenga que ser la política monetaria la que actúe como mecanismo estabilizador ante perturbaciones asimétricas de sus países miembros2, mientras que implícitamente la segunda hace que los agentes económicos – en especial, las empresas con presencia en diversos países miembros – tengan que hacer frente a diversos sistemas scales, con los consecuentes costes de cumplimiento fiscal, pero también con posibilidades de arbitraje fiscal dentro de la Unión, por ejemplo, a través de los denominados “precios de transferencia”.

A día de hoy, la corrupción es considerada por la sociedad española como uno de los principales problemas. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 50% de la población considera que la corrupción y el fraude son uno de los tres principales problemas que existen1. Sólo el paro le supera, problema que identifica el 80% de la población encuestada. Desde inicios de la pasada década, durante el boom del mercado inmobiliario, han sido numerosos los escándalos de corrupción urbanística vinculados a políticos de los gobiernos locales. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria el año 2009 no significó la desaparición de la corrupción, sino el surgimiento a la luz, que no el inicio, de otros tipos de corrupción, como, por ejemplo, la vinculada a la financiación de los partidos políticos.