Las pensiones públicas representan un 12% del PIB de España y casi un 30% del gasto público. Uno de cada cuatro españoles cobra una pensión pública. Dada su importancia es lógico que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones está continuamente presente en el debate político y económico de nuestro país. En 2011 y 2013 se aprobaron sendas importantes reformas con el objetivo de abordar los efectos que el envejecimiento de la población ocasiona en la sostenibilidad del sistema. En 2011 se aumentaron gradualmente la edad de jubilación, hasta llegar a los 67 años, y el número mínimo de años cotizados para percibir el 100% de la prestación. En 2013, por su parte, se introdujo un índice de revaloración de las pensiones que establece un incremento mínimo del 0,25% si los ingresos no son suficientes para financiar los gastos, y del IPC + 0,25% cuando sí lo sean.