Aunque inicialmente la teoría económica y la investigación empírica subrayaban los posibles efectos del salario mínimo legal vigente sobre la destrucción de empleo, existe una creciente evidencia empírica –basada en metodologías más eficientes y mejores bases de datos– que ha mejorado nuestra comprensión de las políticas de salario mínimo y ha reformulado, en parte, esta perspectiva (Dube y Lindner, 2024).