Las infraestructuras de transporte, siempre que estén adecuadamente planificadas, tienen un impacto positivo en el
crecimiento económico de una región. Bajo este supuesto, en las últimas décadas la inversión en proyectos de
transporte ha sido una política prioritaria en la agenda de muchos gobiernos. No obstante, a pesar del elevado volumen de recursos destinado a la construcción y mantenimiento de infraestructuras -los países desarrollados destinan entre un 3 y un 5% del PIB a infraestructuras de transporte-, no siempre se ha prestado atención suficiente a cuáles deben ser los principios que guíen la financiación de las mismas.