La evolución del estado de las autonomías ha estado fuertemente marcada, desde el primer momento, por la problemática de la financiación de las comunidades autónomas (CC. AA.). En cierto modo, es lógico que así sea. Al fin y al cabo, todo sistema en el que el poder político está compartido por un gobierno central y unos gobiernos de ámbito intermedio, genera de forma inevitable dos tipos de tensiones. Por un lado, entre el gobierno central y el conjunto de los gobiernos autonómicos por la distribución de este poder político en todas sus manifestaciones financieras.