La lucha contra la pobreza energética debe enfocarse a través de las administraciones, las entidades del tercer sector, las instituciones académicas y los agentes del sector energético que actúan a un nivel local, ya que ofrecen una mayor cercanía a los colectivos en dificultades o riesgo de exclusión social. Es una de las principales conclusiones del estudio ‘Pobreza energética: Ecosistema de agentes para combatirla mediante intervenciones de proximidad’, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona-IEB y publicado por Fundación Naturgy.
La investigación, dirigida por la catedrática María Teresa Costa-Campi, analiza los actores involucrados en la mitigación de la pobreza energética para proponer cómo lograr una mejor coordinación y colaboración entre ellos.
España es uno de los países de la UE con niveles mayores de pobreza energética. En 2012 ocupaba la décima posición con mayor incidencia de hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada (un 9,1% de los hogares). Sin embargo, diez años más tarde, tras el impacto del Covid-19 y la crisis energética, España se encuentra en la sexta posición, con un impacto en el 17,1% de los hogares españoles, frente al 9,3% de la media europea.
La pobreza energética deriva no solo de la presencia de bajos ingresos en la unidad familiar, sino también de una baja eficiencia energética de los edificios y de los equipos consumidores de energía, una falta de formación de los consumidores y de los precios de la energía. Ello provoca, entre otros, consecuencias severas para la salud, agrava la exclusión social y deteriora el bienestar en general de las familias.
Según el estudio la lucha contra la pobreza energética debe enfocarse de abajo hacia arriba, de lo micro a lo macro, actuando con las instituciones y agentes local, ya que ofrecen una mayor cercanía a los colectivos en dificultades o en riesgo de exclusión social. Este modelo permite conocer los problemas más cercanos e inmediatos, focalizar mejor las actuaciones para obtener una ejecución más acertada y dar respuesta a nuevos retos y necesidades propias de los colectivos más vulnerables, a través de la cooperación y empoderamiento de los distintos agentes del ecosistema local.
El estudio señala que la administración pública, en especial a un nivel local, es el agente que impulsa la mayoría de las iniciativas contra la pobreza energética.
