Los catedráticos Núria Bosch, Albert Solé, Santiago Lago, Carles Viver, Jorge Martínez-Vázquez y Gustavo Canavire constatan un proceso recentralizador con medidas como la reforma local o la imposición del objetivo de déficit

Los expertos niegan que toda descentralización dificulte la salida de la crisis, pero admiten que en el sistema español se han evidenciado graves problemas que se deberían corregir

El informe pone en duda la eficacia de la reforma local anunciada por el gobierno y la califica de "atentado a la autonomía local"

El IV Informe IEB de Federalismo Fiscal alerta del proceso recentralizador que vive el Estado español tras el estallido de la crisis económica y presupuestaria y advierte de las consecuencias de esta involución. Catedráticos de Hacienda Pública como Núria Bosch y Albert Solé (UB-IEB), Santiago Lago (Universidad de Vigo), o Jorge Martínez Vázquez (Georgia State University) y expertos en derecho autonómico, como Carles Viver Pi-Sunyer (Institut d’Estudis Autonòmics) detallan medidas recentralizadoras como las de control del déficit, la reforma local anunciada por el gobierno o la misma reforma constitucional de 2011. El informe denuncia una pérdia de autonomía política de las CCAA y una reducción de la autonomía de gestión y concluye que se deberían evitar medidas recentralizadoras oportunistas basadas en cambios coyunturales en la opinión pública y en diagnósticos equivocados de la situación.

El Informe IEB de Federalismo Fiscal lo edita anualmente el Instituto de Economía de Barcelona, un centro de investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Coordinado por los catedráticos de Hacienda Pública Núria Bosch y Albert Solé Ollé, el informe incluye contribuciones de prestigiosos expertos de universidades y centros de investigación de todo el mundo.

Respuesta a la crisis y recentralización
En el informe, los catedráticos de Hacienda Pública Núria Bosch y Albert Solé (UB-IEB), Santiago Lago (Universidad de Vigo) y Jorge Martínez-Vázquez (Georgia State University) y los juristas Carles Viver Pi-Sunyer y Gerard Martín (Institut d’Estudis Autonòmics) constatan que las medidas para responder a la crisis han provocado una recentralización en el Estado español.

Santiago Lago (Universidad de Vigo) titula su artículo "La nueva estabilidad presupuestaria en España: un enfoque recentralizador". En él asegura que el gobierno podía haber afrontado el desafío de la estabilidad presupuestaria con un enfoque federal, pero ha tomado el camino de "centralizar el diseño, ejecución, vigilancia y control de la estabilidad, fijar objetivos unilateralmente con nulo margen para la negociación e introducir instrumentos coercitivos". Sobre las causas, apunta diversas hipótesis, como la preferencia de los votantes del partido en el gobierno por recentralizar o la desconfianza hacia las CCAA.

En su artículo, el jurista y director del Instituto de Estudios Autonómicos (Generalitat de Catalunya), Carles Viver Pi-Sunyer, va más allá y asegura que "las medidas adoptadas en los últimos meses, especialmente en el ámbito de la financiación autonómica, permiten afirmar que comienzan a quedar afectados el tipo de autonomía imperante y elementos estructurales del Estado de las Autonomías". Según Viver, "se está produciendo un vaciamiento casi total de la autonomía financiera de las CCAA, especialmente la de las que, como Catalunya, se han tenido que acoger al Fondo de Liquidez". Entre las medidas recentralizadoras, el director del Instituto de Estudios Autonómicos cita las de control del déficit negociadas ante la UE, la reforma de la Constitución de 2011, o el reparto del déficit entre niveles de gobierno. También asegura que "el proceso recentralizador está en plena efervescencia y todos los indicios llevan a la convicción de que en el futuro inmediato esa tendencia se incrementará muy notablemente".

En el editorial del informe, sus coordinadores, Núria Bosch y Albert Solé-Ollé, admiten que, "si bien la centralización de la autoridad fiscal puede ser conveniente en un momento excepcional, no es deseable que este sistema de consolide y termine por anular cualquier atisbo de autonomía financiera autonómica". También advierten que "deberían evitarse las medidas recentralizadoras oportunistas y precipitadas basadas en cambios coyunturales en la opinión pública y en diagnósticos erróneos de la situación".

 Desde una perspectiva internacional, Jorge Martínez Vázquez (Georgia State University), asegura que "existen razones de peso para preocuparse por el impacto negativo que la crisis puede tener sobre la descentralización y la gobernanza subnacional, al menos, en aquellos países que se han visto más gravemente afectados por la crisis". Según Martínez Vázquez, los episodios de crisis tienden a llevar a medidas re-centralizadoras por causas múltiples: "desde el oportunismo político, que se atreve a poner en práctica unas políticas que en circunstancias normales tendrían una aceptación mucho menor, hasta el uso de la política fiscal como instrumento de estabilización por parte de los gobiernos centrales". En su artículo, cita diversos países que también han introducido medidas recentralizadoras, como Dinamarca, Grecia, Reino Unido, o Noruega.

Descentralización y crisis
El IV Informe IEB de Federalismo Fiscal también trata de responder a la pregunta de si la descentralización ha tenido un efecto negativo sobre la gestación y salida de la crisis. Como conclusión, los coordinadores del informe, Núria Bosch y Albert Solé-Olle, aseguran en su editorial que "las disfunciones de los gobiernos subcentrales que se han manifestado a raíz de la crisis no deberían hacer olvidar las ventajas de un sistema descentralizado". Según Bosch y Solé-Ollé, es falso que toda descentralización dificulte la gestión macroeconómica y presupuestaria, pero en el caso español hay algunas características que pueden haber agravado el problema:

-La descentralización exclusiva por el lado del gasto pero no del ingreso dificulta la disciplina presupuestaria
-Durante años, las CCAA pudieron financiar su gasto público con ingresos extraordinarios relacionados con la actividad constructora
-La transparencia presupuestaria y el control de las cuentas a nivel autonómico han sido muy imperfectos

Los dos autores concluyen que sería recomendable que el gobierno intentara diseñar un sistema "más flexible y respetuoso con la autonomía para cuando la tormenta haya pasado."

Dentro del análisis del caso español, el informe también concluye que las CCAA se han ajustado o no al déficit en función de la evolución del PIB, el grado de autonomía fiscal y la intensidad en la reducción de gastos e ingresos. Así lo constatan en su artículo Julio López Laborda y Andrés Leal (Grupo de Investigación en Economía Pública), que analizan la evolución de los ingresos y gastos entre 2007 y 2011 y concluyen que las CCAA reaccionaron tarde a la crisis. "Los ingresos no financieros ya mostraban su debilidad en 2008 -aseguran- pero la reacción por la vía del gasto no se inició hasta 2010". Así, la deuda del conjunto de comunidades pasó del 5,8% del PIB en 2007 al 13,3% a finales de 2011. En su análisis, los autores constatan que las comunidades con una mayor autonomía tributaria han sufrido una caída mayor de los ingresos no financieros. "Entre 2007 y 2011 los ingresos tributarios autonómicos – y, muy especialmente, los tributos cedidos tradicionales- han tenido un peor comportamiento que las transferencias".

Valoración de la reforma local
Entre las medidas recentralizadoras citadas en el informe, se destaca la propuesta de reforma local. Los catedráticos de Hacienda Pública Núria Bosch y Albert Solé (IEB-UB), consideran que es "un atentado a la autonomía local", es imprecisa y está centrada en aspectos colaterales evitando encarar las cuestiones más importantes, como el tamaño municipal. En su artículo, concluyen que "estas reformas poco van a contribuir a mejorar el funcionamiento de la administración local":

Delimitación competencial
El artículo considera necesaria una clarificación competencial y pone en duda la efectividad de algunos de los cambios anunciados: "las medidas transfieren competencias a las CCAA sin contemplar financiación alguna por parte de los municipios".

Racionalización organizativa
Se advierte que, en la mayoría de servicios, los costes por usuario o habitante son elevados por la baja densidad de población y la existencia de muchos núcleos poblaciones. De ahí que "el traspaso de estos servicios a las Diputaciones no va necesariamente a reducir los costes".

Control financiero
Según los autores, la propuesta del gobierno para incrementar el control financiero y cambiar el estatus del interventor municipal es muy poco precisa: "si, como parece, su contratación, sueldo y despido seguirá dependiendo de los políticos locales, nada va a cambiar. Si no se convocan más oposiciones, tampoco se va a resolver el problema".

Profesionalización de la gestión
El artículo considera razonable establecer ciertos límites máximos a la remuneración de los políticos, pero también advierte que la reducción de concejales con remuneración tendrá un efecto muy limitado, ya que muy pocos cobran.

Núria Bosch y Albert Solé también lanzan 7 recomendaciones para una reforma de la Administración Local:

1.Reducción del número de municipios: fusión de municipios para alcanzar un tamaño mínimo de 5.000 habitantes y, a ser posible, acercarse a los 10.000.

2.Clarificación competencial: delimitación de competencias mínimas de los Ayuntamientos. Delegación explícita, con acuerdo de financiación, de otras competencias si se alcanza el tamaño mínimo de 10.000 habitantes.

3.Control financiero: mejora de la dotación financiera y humana del Tribunal de Cuentas y elección no partidista de sus miembros. Interventor independiente del poder político local. Mecanismos de transparencia financiera y participación ciudadana en la elaboración y control de los presupuestos.

4.Rendición de cuentas: elección directa del alcalde. Elección de los concejales por distritos, para lograr una adecuada representación de las unidades fusionadas. El número de concejales debería crecer con la población y garantizar a la vez la representación de cada distrito.

5.Profesionalización: todos los municipios dispondrían de interventor y secretario. El secretario debería encargarse de garantizar el reclutamiento del personal municipal y de velar por la objetividad de los procesos. Se podrían establecer unos topes máximos a los salarios de los distintos cargos.

6.Limitación del papel de las Diputaciones: reducción de las competencias de las Diputaciones a aspectos imprescindibles para la coordinación de las políticas municipales. Cambio en el sistema de elección de los diputados provinciales. Creación de un consejo de alcaldes en el que estarían representados todos los municipios. Alternativamente: eliminación de las Diputaciones.

7.Financiación: un mayor tamaño municipal permitiría reformar el sistema de financiación municipal y otorgar a los municipios una mayor autonomía en el ingreso. Se podría aumentar el peso de las participaciones en impuestos importantes (hasta ahora limitadas a municipios de más de 75.000 hab.) e incluso utilizar un recargo local en el impuesto sobre la renta.

El IV Informe IEB de Federalismo Fiscal pretende aportar evidencias y fomentar el debate sobre el modelo de descentralización fiscal español y la crisis económica. Descargar el Informe