José Mª Durán Cabré, investigador del Instituto de Economía de Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona
Publicado en La Vanguardia el 29 de septiembre de 2019
En un primer momento, la posibilidad de crear un impuesto sobre los robots era vista más como una idea de ciencia ficción que como una propuesta seria. Alguno quizá pensaría que era un ejemplo más de la necesidad acuciante del sector público de encontrar ingresos de debajo las piedras para mejorar sus maltrechas finanzas. No obstante, desde que personajes como Bill Gates o Robert Shiller, Nobel de Economía, defendieron esta posibilidad, el debate ha ganado interés. En el reciente IEB Report 2/2019, publicado por el Instituto de Economía de Barcelona, destacados expertos analizan este tema y de sus reflexiones podemos concluir que aún queda mucho por estudiar antes de ofrecer una respuesta clara a la pregunta planteada por nuestro robot.
¿Por qué se plantea su tributación? La generalización del uso de robots que funcionan mediante inteligencia artificial preocupa por la posible desaparición de puestos de trabajo, disminuyendo con ella los ingresos impositivos. Asimismo, aumentarían las desigualdades de ingresos entre ricos y pobres, al sustituir los robots más a los empleos de menor cualificación. En este sentido, la imposición de los robots se ve como un instrumento para paliar estos efectos negativos. Ahora bien, los estudios empíricos que de momento han estimado el impacto de los robots en la industria coinciden en señalar que provocan un aumento de la producción y una caída de los trabajos rutinarios, pero que no está claro cuál es su efecto agregado sobre el mercado de trabajo: puede bajar el nivel de empleo, pero también que la caída en unos sectores se compense con un crecimiento en otros. Finalmente, dependerá de la estructura productiva de cada país y de cómo reaccione antes los cambios, por lo que no necesariamente la recaudación impositiva tiene que bajar. En todo caso, los estudios sí coinciden en señalar que la generalización de robots afectará más a los trabajadores menos cualificados, por lo que aumentará la desigualdad. Esto, sin duda, es preocupante y se tendrá que ver qué instrumentos, no sólo fiscales, pueden utilizarse para mitigar su efecto.
En todo caso, suponiendo que los robots se tengan que gravar, aún queda una cuestión no menor: ¿cómo se pueden gravar? En primer lugar, sería necesario establecer una definición clara sobre qué es un robot, definición que resulte en la práctica fácil de aplicar y de controlar. Y, en segundo lugar, se tendría que especificar qué elemento relacionado con los robots se gravaría: ¿por ejemplo, su valor o el supuesto salario que se pagaría a una persona por el trabajo que ahora realiza el robot? Finalmente, por razones de competitividad no parece aconsejable que un país de manera aislada grave los robots si no lo hacen también otros.
En definitiva, parece que aún queda tiempo y los humanos expertos en la materia tendrán que estudiarlo mucho antes de que un mismo robot conteste a la pregunta: ¿Tengo que pagar impuestos?