En el segundo Informe sobre Federalismo Fiscal en España del Institut d’Economia de Barcelona, investigadores del IEB i de universidades de toda España analizan la situación de los consistorios y proponen medidas como compensar a las grandes ciudades, aumentar la presión fiscal o fusionar municipios.
El segundo Informe sobre Federalismo Fiscal en España del Institut d’ Economia de Barcelona (IEB) analiza la grave situación de la financiación de los gobiernos locales y abre el debate sobre las soluciones. Expertos de toda España, que han participado en el informe, proponen medidas como el incremento de la presión fiscal local o la fusión de municipios. También defienden que ciudades como Barcelona o Madrid tendrían que recibir una compensación por los costes de ser una capital y advierten que los ayuntamientos catalanes ya gastan 3 de cada 10 euros en servicios que no están obligados a prestar. El IEB también analiza la problemática de la financiación de los ayuntamientos a nivel internacional, con el II IEB’s World Report on Fiscal Federalism, donde participan investigadores de países como Dinamarca, Suiza, Canadá o Italia. El Instituto de Economía de Barcelona, centro de investigación en Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona, publica anualmente el Informe sobre Federalismo Fiscal, con contribuciones de expertos del IEB y otras universidades, centros de investigación y administraciones públicas. En la edición de este año, que se presentó el 8 de Junio en el Institut d’Estudis Autonòmics, destacan los siguientes trabajos:
Los ayuntamientos tienen que elevar la presión fiscal local para salir de una situación insostenible (Javier Suárez-Pandiello, Universidad de Oviedo)
El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Javier Suárez-Pandiello parte de la premisa que el sistema de financiación local y la estructura administrativa actuales son prácticamente insostenibles. Pero a pesar de esta situación, constata que los consistorios no agotan su capacidad fiscal, no establecen los tipos impositivos máximos que la ley les permite sobre tributos de su competencia, una decisión siempre inpopular. La poca flexibilidad de las bases tributarias hace que, ante incrementos de la necesidad de gasto, como por ejemplo la crisis actual, los gobiernos locales no puedan ver elevada su recaudación sin adoptar medidas discrecionales.
El autor advierte que en los ayuntamientos no les queda otro remedio que adoptar medidas discrecionales para elevar la presión fiscal local, a pesar de la mala coyuntura. Suárez Pandiello apuesta por reinventar un nuevo impuesto sobre actividades y considera un grave error la práctica eliminación del Impuesto sobre Actitividades Económicas (IAE) de la fiscalidad local para muchos municipios. También defiende estudiar el cobro de una tasa al usuario por determinados servicios (sin componente redistributivo), e incrementar los espacios fiscales locales por la vía de los tributos compartidos. Así, cierta capacidad normativa en el ámbito del IRPF podría dotar a los gobiernos locales de un instrumento de personalización de los ingresos tributarios que mejoraría la situación presente.
Es necesario acabar con el minifundisme municipal y simplificar las instituciones y entes municipalistas (Roberto Fernández Cauce, Universidad de Oviedo)
El autor defiende medidas como las fusiones de entes locales, promovidas con incentivos financieros o forzadas, para acabar con el minifundismo municipal en nuestro país y conseguir la viabilidad administrativa y financiera del sistema. También apuesta por una racionalización de las instituciones, suprimiendo las entidades instrumentales insolventes, ineficientes o sin actividad reciente conocida. Y a la vez, defiende promover fusiones de entidades con competencias similares o complementarias. Fernández Cauce también considera necesario avanzar hacia un pacto interno de estabilidad que refuerce la corresponsabilidad y la coordinación entre niveles de gobierno y dentro del propio ámbito local. Se trataría de “federalizar” y automatizar la estabilidad presupuestaria, huyendo de ajustamientos drásticos improvisados en épocas de crisis.
Para el autor, también hay que reforzar el control y la trasparencia, incidiendo en la presupuestación por objetivos, los indicadores de gestión y las sanciones selectivas y tendría que hacerse patente que los rescates financieros generalizados a los municipios estarán prohibidos en todos los casos. Fernández Llera también sostiene que será necesario un nuevo modelo de financiación local para que las entidades locales puedan colaborar de forma importante en la reducción del déficit público hasta el 2013.
Madrid debería recibir 384 millones extra y Barcelona 150 para compensar los costes de capitalidad (Núria Bosch – Marta Espasa – Daniel Montolio, Instituto de Economía de Barcelona)
Ser capital supone un coste extra de hasta 384 millones de euros para Madrid y 150 para Barcelona. Sevilla (87 M€), Alicante (46 M€) y Valencia (46 M€) las siguen en el ranking de poblaciones de todo el Estado que tendrían que recibir una compensación por el coste de ser una gran ciudad. Si se calcula la compensación bruta por cápita, el consistorio de Madrid debería recibir 119€ más por cada ciudadano y el Ayuntamiento de la capital catalana tendría que ser compensado con 92€ más por cada barcelonés. Estas compensaciones son brutas, porque no tienen en cuenta la posibilidad que la capitalidad genere más ingresos.
Estas son algunas de las conclusiones de la estimación de costes de centralidad y capitalidad de las grandes ciudades del Estado, elaborado por tres investigadores del Instituto de Economía de Barcelona. El estudio identifica como principal coste de centralidad el flujo de no residentes, que provoca costes por desbordamiento de los servicios municipales, costes por concentración de problemas sociales y otros factores como la congestión, la densidad..etc. El principal coste de capitalidad sería la pérdida de ingresos fiscales por la exención de la mayor parte de actividades administrativas, predominantes en cualquier capital.
El estudio, que considera grandes ciudades las que tienen más de 75.000 habitantes, concluye que estas poblaciones tendrían que tener un sistema de financiación que compensara estos costes y que se distinguiera de la financiación del resto de municipios. Los autores también apuntan que esta financiación diferencial podría establecerse a través de transferencias compensatorias de los gobiernos autonómico o central o a través de figuras impositivas. Entre las posibles figuras impositivas habría la creación de un impuesto turístico que grabase las pernoctaciones, o bien dar mayor protagonismo a los impuestos que graban el consumo. Londres, en el Reino Unido, es una de las ciudades que reciben compensaciones por su capitalidad.
Los ayuntamientos catalanes gastan 3 de cada 10 euros en la financiación de servicios que no tienen que prestar obligatoriamente (Maite Vilalta – Instituto de Economía de Barcelona)
Se trata de servicios vinculados a la cultura (23%), a la seguridad y la protección civil (20%), a la educación (11%) y a la promoción social (10%). Dentro de estos servicios, hay que destacar programas de promoción y difusión de la cultura o del deporte, de protección del patrimonio, el gasto destinado a guarderías o los programas de promoción de la ocupación. Son los municipios más pequeños de 5.000 habitantes los que presentan mayor volumen de gasto no obligatorio por habitante (136€ de media). En los municipios más pequeños, la mayor parte del gasto no obligatorio se destina a cultura, y en los grandes a seguridad y protección civil.
En cuanto a la financiación de estos servicios no obligatorios, una parte se cubre con tasas o precios públicos pagados por los ciudadanos que los utilizan (8,5%) y otra a través de transferencias recibidas por otras administraciones (17,1%). Pero la mayor parte de este gasto (70%), se financia a través de fuentes incondicionadas de recursos: impuestos que forman parte de su cesta tributaria y de las transferencias incondicionadas que reciben de las otras administraciones. Ante estos datos, que evidencian el mal reparto de recursos y competencias entre los tres niveles de gobierno, la autora considera necesario definir un marco competencial propio para los gobiernos locales y potenciar las relaciones entre la hacienda local y la autonómica.
Hay que recordar que la legislación vigente permite a los municipios que, además de prestar unos servicios obligatorios, puedan prestar otros que contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. Además, la ley determina cuáles son los servicios que tienen que prestar los municipios obligatoriamente en función de su tamaño. El II Informe sobre Federalismo Fiscal en España del IEB también incluye reflexiones de varios expertos sobre la problemática de los municipios turísticos, la posibilidad de implementar un impuesto ambiental local, el binomio urbanismo-financiación local o las subvenciones generales en la financiación municipal al Estado. El Instituto de Economía de Barcelona es un centro de investigación en Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona que tiene como objetivo la promoción, el desarrollo y la divulgación de la investigación económica. En 2008 se constituyó como Fundación IEB y se creó la Cátedra de Federalismo Fiscal de la Universitat de Barcelona, con la colaboración del Institut d’Estudis Autonòmics, la Fundación ICO y el Instituto de Estudios Fiscales.
