Simplificar el mapa de municipios, definir el marco de competencia y ampliar los recursos financieros de los gobiernos locales. Estas son algunas de las cuestiones tratadas en la ‘Jornada sobre los diferentes modelos de financiación local’, organizada por el IEB y la Diputació de Barcelona, y en la que diversos expertos han analizado los modelos tanto en el marco catalán como en el europeo.
“El CIS indica que el 80% de la población considera que las decisiones tomadas por sus ayuntamientos influyen mucho en su bienestar; es el órgano de gobierno más próximo a la ciudadanía, pro su peso en competencias y recursos no se corresponde con la realidad”, apuntaba la investigadora del IEB, Núria Bosch. Como muestra, en la actualidad los ayuntamientos catalanes solo gestionan un 13% del gasto público, por un 33% de las comunidades autónomas. Un ratio muy inferior al 62% que registran los municipios de Dinamarca o el 49% de los gobiernos locales suecos.
Reducción del mapa de municipios
Los expertos han coincidido en considerar que una reforma de la financiación local debería empezar por una reconfiguración municipal. Catalunya cuenta hoy con 947 municipios y el 50% tiene menos de 1.000 habitantes. “Con estos tamaños, los gobiernos locales no pueden garantizar una prestación de servicios óptima”, asegura la investigadora del IEB, Maite Vilalta.
Se trata de un registro muy por encima del que se da en otros países europeos. Volviendo a los nórdicos, en Finlandia hay 336 municipios, por 290 en Suecia y solo 98 gobiernos locales en Dinamarca, con una media de 56.000 habitantes. En el Reino Unido, la cifra sube hasta los 450 municipios, con un mínimo de 20.000 censados.
A pesar de ser una solución de consenso, los académicos ven imposible su aplicación. “En España y en Cataluña existe un fuerte sentimiento municipalita y esta cuestión es inabordable. Una solución podría ser la creación de entidades supramunicipales, como las mancomunidades, pero se trata de gobiernos que sin sistemas de elección directa y más opacas que los ayuntamientos, recuerda Bosch.
Más recursos financieros
Donde sí hay un campo a recorrer es en la ampliación de las fuentes de financiación para los municipios. En la actualidad, las arcas de los gobiernos locales se nutren, básicamente, de los impuestos sobre la propiedad y las subvenciones recibidas desde las administraciones superiores. “Al margen de la creación de un IBI más simple, los municipios podrían gravar las actividades económicas y servicios públicos no obligatorios, como el uso de instalaciones deportivas, además de incrementar su participación sobre tributos del estado, como el IVA o el IRPF”, apunta el interventor de la Diputació de Barcelona, Josep Abella.
El experto recuerda que, en la actualidad, a los ayuntamientos españoles solo llega el 1,6% del rendimiento del IRPF, y solo en caso de los municipios de más de 75.000 habitantes. En Alemania, por ejemplo, el porcentaje destinado a los gobiernos locales llega hasta el 15%. “Además de esta mayor participación en los impuestos estatales, los Länders y las ciudades alemanas controlan las tasas sobre el consumo, los vehículos, el juego, la cerveza y las transferencias de capital, por ejemplo, además del impuesto sobre sociedades”, recuerda el investigador del IEB, Dirk Foremny.
El profesor de la UB, Joaquim Solé, analiza el modelo del Reino Unido para apuntar a posibles mejoras en el funcionamiento del impuesto sobre la propiedad. “Hay ocho tramos de pago diferenciados en función del valor catastral de la propiedad; sin embargo, su aplicación genera algunos problemas, como que las casas situadas en los ratios más altos pueden tener un valoración hasta ocho veces mayor que las de los niveles más bajos y, aún así, pagar solo tres veces más”. Solé, en cambio, sí considera aplicable el sistema de recarga impositiva sobre las viviendas inhabitadas, que puede llegar a ser de hasta el 100% si se superan los dos años de desocupación.
Definición y ampliación de competencias
El modelo local del estado también empalidece en el reparto de competencias en comparación con, por ejemplo, el funcionamiento de los países nórdicos. “En Dinamarca, Suecia y Finlandia, los municipios son los encargados de la gestión del estado del bienestar, con excepción de las pensiones”, resume Bosch. En concreto, los ayuntamientos de los nórdicos reúnen las competencias en educación, servicios locales, gestión medioambiental, suministro de agua, atención de las personas mayores, bibliotecas, equipamientos deportivos y planificación urbana.
Un nivel de competencias tan alto tiene consecuencias en el reparto del gasto de los municipios. En concreto, los ayuntamientos de Dinamarca destinan un 26% de su presupuesto a infancia y juventud, a través principalmente de la educación, y el 20% a servicios sociales.