Los investigadores del IEB José María Duran y Alejandro Esteller han analizado el informe Lagares sobre reforma fiscal y han llegado a la conclusión de que el documento "no queda claro el impacto redistributivo de la reforma". Consideran que el estudio de la comisión de expertos designada por el Ministerio de Hacienda da prioridad a respetar los compromisos de consolidación presupuestaria adquiridos por el Estado español y lograr un sistema fiscal favorable al crecimiento económico.
La alternativa que plantean pasa por aplicar una mayor transparencia y claridad en la fiscalidad, revisar el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades y del impuesto sobre sucesiones, así como eliminar el impuesto sobre el patrimonio. Según Duran i Esteller, "la transición debe ser gradual, pero los beneficios a largo plazo para la economía y el conjunto de la ciudadanía serán mayores que el coste de transición".
Duran y Esteller son los autores del libro electrónico "Por una verdadera reforma fiscal", publicado por Ariel Economía a finales de marzo de 2014. El libro incluye las 10 medidas que debe contemplar una reforma fiscal en España para alcanzar un sistema de recaudación más justo, simple y eficiente. Al decálogo se han adherido 50 expertos de todo el Estado, entre académicos y ex responsables de administración pública, que garantizan pluralidad de enfoque ideológico y representatividad geográfica. Además, Duran y Esteller impulsaron en 2011 la creación de la web Foro fiscal IEB, concebido como un espacio de discusión y propuesta de acciones.
En su análisis del informe Lagares, los investigadores destacan 6 aspectos positivos y 6 negativos:
6 reformas positivas del informe Lagares
1 / Se mejora la neutralidad en el tratamiento del ahorro y se establece un impuesto claramente dual, en el que todas las rentas y ganancias del capital se añaden a la base del ahorro y se compensan entre sí. Se imputa una renta por el uso de la vivienda habitual y se amplía el tratamiento favorable dado a los planes de pensiones a otras modalidades de ahorro.
2 / Se elimina el sistema de módulos previsto para determinar el rendimiento de pequeñas actividades económicas y el equivalente régimen especial al IVA por su efecto negativo sobre el fraude fiscal.
3 / Se eliminan las deducciones para incentivar determinadas actividades en el impuesto sobre sociedades para la efectividad para alcanzar los objetivos pretendidos es dudosa.
4 / Se elimina el régimen de empresas de reducida dimensión, que desincentiva su crecimiento.
5 / Se mejora la competitividad de las empresas españolas mediante la reducción de las cotizaciones sociales y el aumento de la recaudación del IVA.
6 / Se elimina el impuesto sobre el patrimonio porque no es eficaz para lograr una distribución más equitativa de la carga fiscal. Y se mantiene el impuesto sobre sucesiones mediante una armonización con unos tipos impositivos sensiblemente más reducidos, que eviten las diferencias en la imposición efectiva que se producen actualmente.
6 aspectos negativos del informe Lagares
1 / Se graban los rendimientos y plusvalías puramente monetarias, tanto en el IRPF como en sociedades. No se propone ningún sistema para evitar grabar rentas que no incrementen la capacidad de pago.
2 / No se permite que las sociedades puedan deducir el coste de oportunidad de la financiación propia, eliminando así el sesgo a favor del endeudamiento.
3 / No se analiza ni se plantea reformar impuestos locales como el IAE o la conocida como "plusvalía municipal". La configuración actual en ambos impuestos es injusta e ineficiente.
4 / No se prevé ningún régimen alternativo al simplificado que facilite el cumplimiento del IVA por parte de las pequeñas empresas.
5 / En la lucha contra el fraude fiscal, no se aboga por una reorganización y mayor autonomía de la administración tributaria que asegure su funcionamiento de acuerdo con criterios técnicos, ni tampoco por un modelo de administración más cooperativo.
6 / En un país fuertemente descentralizado, se echan en falta propuestas que permitan mejorar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y de la correspondiente rendición de cuentas ante sus ciudadanos.