El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) ha presentado el IEB Report 4/2021 ‘La sostenibilidad fiscal en la era post-Covid-19’ coordinado por el Catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona (UB) Alejandro Esteller-Moré del que se desprende la necesidad de reformas estructurales que, por la vía de incrementar el PIB, reduzcan la presión de la deuda. El impacto de la pandemia se ha traducido, en el caso de España, en que la ratio deuda pública/PIB haya llegado hasta el 125%, muy por encima de los niveles previstos pre-pandemia.

De acuerdo con los académicos y expertos que han contribuido en el informe, en el corto plazo -dados los bajos tipos de interés- la situación es sostenible financieramente y no se espera que la ratio siga creciendo. No obstante, se alerta en el informe del riesgo de subidas de tipos de interés ante la posibilidad de que la inflación sea permanente y por ello se aboga por adoptar cuanto antes políticas de consolidación fiscal sin perjudicar el crecimiento económico y diseño de la política monetaria para no generar expectativas inflacionistas.

El informe analiza hasta qué punto las finanzas públicas de todos los países se han visto afectadas por el shock que ha supuesto el COVID-19, materializándose en un aumento inusitado del volumen de deuda pública. No cabe duda, que la respuesta del sector público ha puesto en valor su papel como asegurador y es que tal como apunta Esteller-Moré “la alternativa habría sido un descalabro sin precedentes para la economía española”. Y es que aun con la intervención pública, el PIB español llegó a caer casi un 11% en términos reales. Dicho de otro modo: hubo una desviación respecto de las previsiones iniciales de crecimiento económico para 2020 de casi 13 puntos porcentuales.

De acuerdo con los expertos reunidos en la presentación, la cuestión clave es si puede afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas. De acuerdo con Esteller-Moré “en el corto plazo, los bajos tipos de interés y el renovado crecimiento no han puesto en tensión el sistema público, de forma que la deuda es sostenible”. “No obstante”, apunta el catedrático, “en el medio plazo, se ciernen riesgos diversos como una posible subida de tipos de interés que hay que considerar y a los cuales nuestros gestores públicos tendrán que hacer frente”.

Para 2020, el objetivo de déficit establecido por el Programa de Estabilidad (2019-2022) para el conjunto de las administraciones públicas era del 1,1% del PIB, principalmente como consecuencia del saldo negativo del presupuesto de la Seguridad Social. Esas previsiones, que la Comisión Europea (CE) ya puso de manifiesto que estaban sesgadas al alza (esto es, la CE pronosticaba un déficit mayor, del 2%), se han transformado en un déficit del 10,1% sobre el PIB. El Programa de Estabilidad (2021-2024) prevé que este déficit se vaya reduciendo progresivamente hasta situarse en el 3,2% en 2024.

En cualquier caso, cabe tener presente que, tal y como indica el informe del IEB, “en el caso español, llueve sobre mojado” y es que “parte del déficit de sus finanzas públicas es estructural”. Ante esta tesitura, de acuerdo con las conclusiones de los expertos que han elaborado el informe “se vuelve a hacer patente la necesidad de reformas estructurales que, por la vía de incrementar el PIB, reduzcan la presión de la deuda”. Y todo ello sabiendo que “dado el progresivo envejecimiento de la población, incrementar la productividad se convierte en un reto ineludible”.