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El IEB celebra la primera Jornada Salud e Inmigración

El Real Decreto Ley 16/2012, que limitó el acceso a la sanidad pública de la población en situación irregular, ha reducido en un 15,6% el número de denuncias por violencia doméstica entre la población inmigrante. Así lo ha afirmado la investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), Judit Vall, en su conferencia ‘Restricciones en el acceso al servicio de salud por parte de los inmigrantes y sus efectos sobre las denuncias por violencia doméstica” durante la celebración de la Jornada Salud e Inmigración, celebrada en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona.

Vall recoge los datos de su investigación ‘Hit where it hurts: helathcare access and intimate partner’, realizado en colaboración con Caoimhe Rice (University of York), en la que compara las denuncias por violencia doméstica entre nacionales y extranjeras por trimestres entre 2009 y 2016. “La reforma redujo la media de denuncias en 1,6 por cada 10.000 mujeres extranjeras y su efecto se nota desde el primer trimestre posterior a su aplicación, por lo que este descenso es atribuible directamente al cambio en la ley”.

En su presentación, Vall distingue el efecto de la reforma por comunidades separando aquellas que han introducido regulaciones para reducir su impacto y las que lo aplicaron con toda su intensidad. En el primer grupo –en el que se encuentran Asturias, Catalunya, Galicia y el País Vasco- el número de denuncias por violencia doméstica entre la población inmigrante bajó un 7,5%. Por contra, en las comunidades en que la ley se aplicó con más intensidad –Madrid, Baleares, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Castilla la Mancha, la estadística cayó hasta un 19,3%.

Según Vall, la restricción en el acceso a la sanidad pública a la población sin documentos ha afectado a una población especialmente vulnerable a la violencia doméstica. Los datos del informe muestran que el ratio de denuncias por cada 10.000 mujeres españolas es de 3,3, mientras que en el caso de la población extranjera es de 15,9. “Las víctimas de violencia de género tienen un umbral por encima del cual se deciden a dejar una relación abusiva y el acceso a la salud es relevante para tomar la decisión, especialmente en el caso de los médicos de cabecera, que tienen protocolos de detección y tienen la capacidad de derivar cada caso a servicios sociales y hacer el trabajo de acompañamiento”.

La investigadora destaca el “efecto intergeneracional” que puede tener la prolongación de los efectos de la reforma sanitaria. “La violencia doméstica afecta especialmente a las mujeres inmigrantes sin documentos, que son las más afectadas por la ley, y esto tiene como efecto colateral el daño que se produce en los hijos que viven en entornos familiares donde se producen maltratos”.

Legalización de la inmigración y natalidad
Por su parte, el investigador del IEB, Javier Vázquez, presentó la ponencia ‘Legalización de la inmigración ilegal, fertilidad y salud neonatal’, en la que analizó el impacto de las políticas de legalización de la población en situación irregular sobre la natalidad. Para ello, Vázquez analiza las estadísticas de fertilidad entre las mujeres inmigrantes entre 16 y 49 años tras la reforma de la ley de extranjería que en 2005 impulsó el gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero y que propició la regularización de 600.000 inmigrantes. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el 45% de las inmigrantes que entonces regularon su situación eran mujeres.

Según el estudio de Vázquez, tras regularizar su situación la posibilidad de que las mujeres inmigrantes tuvieran hijos fue entre un 4,3% y un 8,6% superior respecto a las nacionales, con una especial incidencia entre las más jóvenes. Esto tuvo como consecuencia entre 235 y 470 nuevos nacimientos por año tras las reforma de 2005.

“Las políticas migratorias afectan a las decisiones personales; así, el acceso a los servicios sociales y de salud reducen la incertidumbre de futuro y afectan decisivamente a la fertilidad”, explica Vázquez, que recuerda que, en solo tres meses, la reforma de 2005 hizo que un tercio de las mujeres inmigrantes sin papeles regularizara su situación.

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