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El IEB acoge el VIII Workshop on Economics of Education

· Los expertos reclaman una mayor autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, que en la actualidad solo tienen capacidad de gestión y administración sobre un 13,2% de ingresos de la financiación.
 
 

· El último IEB Report analiza el encaje de Catalunya en el modelo, contemplando opciones que van desde la creación de un organismo tributario propio hasta la nueva relación que puede establecer con el Gobierno central
 
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El Instituto de Economía de Barcelona ha publicado una nueva edición de su IEB Report, bajo el título ‘La esperada reforma de la financiación autonómica’, dedicado al análisis de la próxima configuración del modelo de financiación autonómica que, después de tres años de retraso, es ya una urgencia a resolver por parte del Gobierno central. El informe incluye las aportaciones de seis investigadores de la institución expertos en la cuestión y que coinciden en la necesidad de revisarlo. “La autonomía y la equidad son compatibles, pero hasta ahora nos hemos encontrado con modelos que otorgaban a las comunidades un grado de autonomía fiscal limitado y una nivelación de recursos que ha resultado excesiva”, explica la investigadora y editora del informe, Pilar Sorribas.
En su análisis, la investigadora del IEB, Maite Vilalta, pone cifras a este déficit de autonomía financiera. Según los cálculos presentados en su informe, las Comunidades Autónomas obtienen una media de 85.145,18 millones de euros anuales provenientes de las figuras tributarias, lo que supondría el 83,9% de los recursos totales que vienen del modelo. Sin embargo, la cifra cae hasta los 13.353,37 millones de euros, o el 13,2% si solo tenemos en cuenta los impuestos sobre los que tienen capacidad de gestión y administración. “Se podría incrementar el porcentaje de cesión del IRPF, contemplar formas de administración compartida sobre las principales figuras tributarias o incluso dar capacidad normativa a las comunidades sobre tributos como el IVA o los impuestos especiales”, propone Vilalta.
La experta propone dos medidas más para cumplir con los principios de mayor autonomía y equidad y para resolver los desequilibrios que genera el modelo actual. “La próxima reforma debe añadir recursos adicionales al sistema y dar cumplimiento al principio de equidad horizontal para evitar que unos gobiernos tengan más capacidad fiscal que otros realizando el mismo esfuerzo”, explica la investigadora, que pone a Alemania, Canadá y Suiza como modelos de referencia en sistemas de financiación descentralizada. Vilalta también destaca la necesidad de incorporar a las comunidades autónomas forales en el mecanismo de nivelación.
El encaje de Catalunya en el modelo
El IEB Report también incluye reflexiones sobre el futuro encaje de Catalunya en el sistema, teniendo en cuenta las perspectivas políticas abiertas en los últimos años. Así, la investigadora Núria Bosch analiza el proceso de construcción de un sistema de hacienda propia para la comunidad, teniendo en cuenta dos posibles escenarios: el de una Catalunya aún dentro del Estado español y el de la creación de un estado independiente. “Dentro del Estado, debería producirse un pacto bilateral que permitiera a Catalunya gestionar los impuestos recaudados en su territorio y darle poder tributario sobre estos, dentro de los límites establecidos y siguiendo los modelos en funcionamiento en Estados Unidos, Suiza o Canadá, por ejemplo”. Según Bosch, la eliminación de la caja única supondría un incentivo para Catalunya para crear políticas de crecimiento, una reducción de la corrupción y los gastos ineficientes y un mayor control de los votantes sobre el gasto público.
En el caso de una Catalunya independiente, Bosch considera que el nuevo estado debería superar los problemas que presenta la hacienda española para controlar la economía sumergida, que se estima en la actualidad en 22,3% del PIB de Catalunya, y reducir así el nivel de fraude fiscal. “Para lograrlo, la Comisión Europea estima que debe haber 1.000 empleados dedicados a la gestión tributaria por cada millón de habitantes, por lo que la nueva hacienda catalana debería pasar de los 5.000 empleados públicos actualmente destinados a esta labor a tener entre 7.000 y 8.000 trabajadores”.
El investigador y exconseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, también aborda la cuestión catalana en su intervención, reflexionando sobre qué soluciones han buscado los estados cuando los modelos de financiación no han encontrado un consenso entre las comunidades. “Países como el Reino Unido, Bélgica o Canadá han tenido este problema y la aplicación de tratamientos específicos para los territorios descontentos ha servido para mantener la estabilidad de la unión, rebajar la pulsión independentista y, sobre todo, satisfacer las aspiraciones de comunidades que, además, tienen preferencias sobre cómo debe distribuirse el poder político entre el gobierno central y el propio”.  
Por otro lado, el investigador Albert Solé considera que “la reforma del sistema no puede plantearse tratando a Catalunya como una comunidad más, ya que la solución al conflicto pasa por abrazar el concepto de federalismo asimétrico”. Solé defiende su argumento recordando como, a excepción de el País Vasco y Catalunya, los ciudadanos del resto de autonomías desearían un nivel de descentralización menor al actual. “Catalunya es una de las minorías culturales e identitarias del estado y, en estos casos, el federalismo constituye una salvaguarda de sus derechos. Un federalismo que le otorgaría capacidad de autogobierno y salvaguardaría su autonomía”.
Desconocimiento ciudadano
Por su parte, los investigadores José María Durán y Alejandro Esteller consideran que el grado de autonomía tributaria de las comunidades es “aparentemente elevado”, pero resalta el alto nivel de desconocimiento ciudadano sobre el destino de sus impuestos. Por ejemplo, “el 58% de los ciudadanos cree que el IRPF se paga en su totalidad al gobierno central, lo que denota que el proceso de descentralización fiscal es claramente mejorable” si se quiere lograr una verdadera rendición de cuentas de los gobiernos autonómicos ante sus ciudadanos. 
 

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