Este trabajo expone y explica las diversas formas en que los juicios de valor pueden ser incorporados en un sistema de imposición personal sobre la renta o, en el caso de que sean inherentes al sistema fiscal pre-existente, puedan ser derivados y entendidos. Se analiza a través de un impuesto putativo sobre la renta para toda la UE, adicional a los de cada Estado miembro. Cuando los iguales se identifican a través de una “función de renta equivalente” apropiada, y su tratamiento se impone en esos términos, en general, el impuesto debe ser diferente entre países. Un requisito adicional, “igual progresividad entre iguales”, puede ser alcanzado si los iguales se definen como aquéllos que se hallan en el mismo percentil de renta de la distribución dentro de cada país, y si estas distribuciones difieren en logaritmos sólo en localización y escala. Impuestos proporcionales diferenciados podrían incluso ser equitativos, siendo el tipo lineal mayor en los países en que la distribución de renta sea más igualitaria. Los juicios de valor implícitos en un sistema fiscal pueden ser expuestos en términos de una escala de equivalencia que, en general, es “dependiente de la base”.

Mediante un análisis dinámico de un panel de datos, y utilizando una base de datos de municipios de la provincia de Barcelona (1993-99), describimos el proceso de ajuste fiscal ante un shock de capacidad fiscal. Alrededor de un 25% del shock es internalizado a través de un incremento del esfuerzo fiscal, un 35% a través de una reducción del gasto público (básicamente inversión), mientras que el resto es cubierto a través de un incremento del stock de deuda (i.e., el ajuste fiscal es aplazado). Sin embargo, este proceso está altamente influenciado por la situación política del municipio. Los gobiernos de coalición y de minoría (gobiernos “débiles”) tienden a retrasar el (inevitable) ajuste, de forma que hasta un 70% de sus shock son cubiertos mediante un incremento del stock de deuda, mientras que el resto (gobiernos “fuertes”) se ajustan inmediatamente. Los gobiernos de izquierda reaccionan principalmente mediante aumentos en el nivel de esfuerzo fiscal, mientras que los gobiernos de derecha reducen aún más su nivel de gasto público. Finalmente, los municipios se muestran relativamente reacios a disminuir el nivel de presión fiscal, esto es, respecto de la variación en el nivel de esfuerzo fiscal, los municipios reaccionan menos ante un shock negativo que ante uno positivo (28% vs. 26%).

En 1969, Shoup postuló que la presencia de impuestos interrelacionados en un sistema fiscal reforzaría el sistema sancionador y, por tanto, el cumplimiento fiscal (“self- reinforcing penalty system of taxes”). En este estudio, se ha tratado de desarrollar formalmente esta idea. Así, se ha obtenido que para que se produzca ese incremento previsto del cumplimiento fiscal, es necesario que los impuestos interrelacionados estén administrados por una única administración o, en todo caso, si son administrados por diferentes administraciones, el nivel de colaboración entre ellas debe ser suficientemente elevado. Si es así, la consideración de la evasión fiscal en impuestos interrelacionados puede ser considerada como una explicación alternativa de la brecha existente entre los niveles de evasión fiscal que se intuyen en la práctica y aquellos otros mucho más elevados que predice la teoría clásica de la evasión fiscal (Allingham and Sandmo, 1972; Yitzhaki, 1974). En otro caso, el resultado anticipado por Shoup puede no darse y ser exactamente el contrario. Además, en la medida en que la colaboración sea imperfecta, los resultados clásicos de la estática comparativa pueden cambiar, dado que en algunas circunstancias, aunque el cumplimiento fiscal global aumente ante la variación en un parámetro fiscal, puede disminuir en un impuesto concreto.

Este trabajo cuantifica, en primer lugar, la movilidad intergeneracional de ingresos en España para los años 1980 y 1990. Dicha movilidad se interpreta como la correlación de la transmisión de ingresos de una generación a la siguiente. Los resultados muestran que la movilidad de ingresos incrementó durante la década del 1980. Este aumento de la movilidad no fue homogéneo para hombres y mujeres ni tampoco igual según la zona de residencia del individuo. En segundo lugar, se cuantifica la movilidad intergeneracional educativa, es decir, el grado de transmisión de educación de padres a hijos para el año 1990. Se observa que hay poca dependencia de la educación entre generaciones. Finalmente, se observan que las dos medidas de movilidad intergeneracional -la de ingresos y la educativa- no se pueden considerar iguales.

El trabajo estudia los determinantes locacionales, con especial énfasis en los factores de aglomeración, de la inversión manufacturera directa en las regiones españolas, así como también en tres industrias específicas. El análisis revela que las economías de aglomeración constituyen determinantes significativos de la distribución regional de la inversión directa manufacturera, y que la naturaleza e importancia de los factores locacionales varía de acuerdo con las necesidades de cada industria.

El objetivo de este documento es investigar los factores que influyen en la elección entre establecer una filial de plena propiedad o una joint venture, realizada por las empresas catalanas manufactureras que invierten en el exterior. Por medio de una regresión logística binomial comprobamos para este caso la validez de una serie de hipótesis provenientes de la teoría de los costes de transacción. Los resultados obtenidos indican que una empresa manufacturera catalana implantará más probablemente una filial de plena propiedad si la empresa es suficientemente grande, tiene una experiencia sustancial en la zona geográfica del país de destino, pero es joven y posee poca experiencia general en el ámbito internacional. Por otro lado, una empresa catalana tiene más probabilidad de implantar una filial propia también si la empresa posee activos intangibles o tácitos y opera en un sector avanzado tecnológicamente. Finalmente, preferirá una filial de propiedad compartida si el país de destino implica un alto grado de inestabilidad o riesgo o si tiene una elevada tasa de crecimiento.