Desde principios de los años 1990 algunos de los países de la OCDE empezaron procesos de descentralización de algunas de las responsabilidades de los gobiernos centrales. Hay varios argumentos que aconsejan la descentralización de algunas de las políticas en términos de eficiencia como, por ejemplo, el hecho de que los gobiernos locales pueden ser más conocedores de las necesidades de los ciudadanos de su región; la descentralización también puede facilitar la participación y supervisión ciudadana, etc. Una de las competencias estatales que se incluyó en los procesos de descentralización fue la sanidad pública.